El PSIB-PSOE decidió enfangar hoy el debate sobre la toma en consideración de la reforma de la Ley de Puertos lanzando insinuaciones veladas sobre un posible interés directo del conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, en la aprobación de prórrogas extraordinarias para las marinas, una acusación que fue  rechazada por el propio aludido, cuya intervención en el pleno no estaba prevista. Lafuente se vio obligado a pedir la palabra para aclarar que su única relación con un concesionario se deriva de la herencia de unas acciones tras el fallecimiento de su padre, la cual ni siquiera ha sido aceptada.

Los socialistas, con el diputado Marc Pons como ariete, se traían la estrategia perfectamente cocinada: no había terminado aún el debate cuando su oficina de comunicación ya estaba mandando una nota en la que se pedían explicaciones a Lafuente por el supuesto conflicto de intereses. Momentos antes de lanzar la acusación contra el conseller, Pons había estado departiendo amistosamente con los representantes de los clubes náuticos presentes en el pleno, dándoles a entender que el PSIB avalaría la toma en consideración de la modificación de ley, lo que finalmente no hizo excusándose en que las explicaciones del conseller no le habían convencido.

La estrategia del PSOE causó estupefacción entre los representantes de los clubes náuticos y las marinas de Baleares, cuyas asociaciones han sido las responsables directas de que la proposición -consistente en adaptar la norma autonómica a la estatal para aumentar el plazo de las concesiones- se discuta en el Parlament balear. “La propuesta no es del Govern balear, y menos aún del conseller, sino de los concesionarios. Los clubes náuticos solicitamos reuniones con los principales partidos, incluidos el PSIB y MES, aunque estos últimos ni siquiera contestaron. Los grupos de PP y Vox decidieron someter la reforma de la ley a la consideración de la cámara. El conseller del Mar no ha tenido ninguna intervención. Es lamentable que el fango político haya dejado en segundo plano una cuestión transcendental para el mantenimiento de la náutica popular”, declaró Rafael Palmer, gerente y asesor jurídico de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB).

La sensación de la delegación de los clubes era la de haber sido utilizada como parte de una estrategia política. Consideraron incoherente que Marc Pons apelara reiteradamente a la necesidad de proteger la actividad de estas entidades mientras, al mismo tiempo, aprovechaba la ocasión para atacar a un adversario político y justificar así su negativa a apoyar lo que poco antes había dado a entender que respaldaría.

La reforma, con todo, será tomada en consideración gracias al apoyo de la mayoría parlamentaria de PP y Vox. 

Una reforma "necesaria"

“Se trata de una iniciativa que armoniza la legislación estatal y autonómica, de modo que no inventamos nada nuevo: lo que pedimos ya existe en otras instituciones. Además, garantiza la continuidad de los clubes náuticos. Como elemento novedoso, la propuesta reconoce la labor social y deportiva que realizamos y nos valora como entidades de utilidad pública”, manifestó Antoni Estades, presidente de la ACNB, sobre el contenido de la proposición.

“En cuanto al sistema de prórrogas -añadió-, no se concede gratuitamente. La prórroga ordinaria, que permite llegar a 50 años, exige invertir al menos un 20% en infraestructuras, principalmente en materia medioambiental. Para la prórroga extraordinaria se establece un mecanismo específico para los clubes náuticos, mediante el cual la administración debe reconocer el interés estratégico de estas instalaciones. A partir de ahí, se trata de seguir desarrollando nuestra labor deportiva”.

La secretaria de la Asociación de Instalaciones Náuticas Deportivas de Baleares (ANADE), Isabel Teruel, señaló, por su parte, que lo que hoy se discutía era en realidad una adaptación a la ley estatal y de otras comunidades: “No solicitamos nada distinto, ni más ni menos. Estos plazos solo se aplicarían en caso de realizar inversiones importantes que quedarían en beneficio de los puertos de la comunidad autónoma, de los usuarios y, especialmente, en el ámbito medioambiental, donde hoy existen numerosas actuaciones necesarias que requieren un esfuerzo económico relevante. Creemos que todo ello sería positivo para la náutica balear en general”.