La presidenta del Govern, Marga Prohens, dijo, con razón, al referirse a la reforma de la Ley de Puertos de Baleares que permitirá la protección de los históricos clubes náuticos, que

La respuesta nos la dio el diputado del PSIB Marc Pons durante el debate parlamentario cuando, después de loar la labor de los clubes, dijo que votaba en contra de la toma en consideración de la norma porque no le habían convencido las explicaciones del conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, sobre un supuesto conflicto de intereses que no se creen ni quienes lo denuncian. En efecto, las cosas importantes no se resuelven porque siempre hay un político que antepone su rédito partidista al interés general. La grosera maniobra de los socialistas en el Parlament es un buen ejemplo de ello.

A pesar de la innecesaria bronca, bienvenida sea una propuesta que pretende, de una vez por todas, establecer un marco legal para que los clubes históricos sobre los que se asienta la tradición náutica recreativa y deportiva de Baleares vean reconocida su función social y deportiva.

No se trata, como arteramente dicen algunos, de regalar a los clubes la perpetuidad de sus concesiones, sino de decidir qué papel juegan éstos dentro de un modelo portuario en el que ha de haber cabida para todo el mundo. La nueva Ley, de aprobarse en los términos en que ha sido propuesta por la mayoría de PP y Vox, ofrece prórrogas y ampliaciones de plazo generosas para clubes y marinas, qué duda cabe, pero no es menos cierto que también exige compromisos muy claros en materia de inversiones, que en el caso de los clubes se establecen en un mínimo del 15% de los ingresos destinados a fomento y sostenimiento de equipos deportivos.

Hablamos de mucho dinero. Ya no bastará con llamarse club náutico, sino que será necesario demostrar que se pertenece a esta categoría con hechos y cifras. Esto garantiza la continuidad en las pautas de gestión de estas entidades, con independencia de quien esté al frente de la junta directiva. Al fijar el listón de lo que hay que hacer y, sobre todo, invertir para disfrutar de ciertos beneficios, se habrá terminado de un plumazo con esa corriente tan nociva de socios –por fortuna, en fase de extinción– que hablan de sus clubes en términos de propiedad y que pretenden pagar muy poco, tener mucho y que nadie les moleste.

Esta manera de pensar minoritaria, completamente ajena a la realidad social de nuestros días, ha servido de pretexto a las administraciones para negar a  muchos clubes que lo merecían el reconocimiento como entes de utilidad pública. Los náuticos de Baleares, que llevan en general décadas realizando un excelente trabajo, serán mejores en cuanto se objetivice su función por medio de esta ley.

La norma reformada no regirá, por desgracia, en las instalaciones de interés general, lo cual deja fuera de las nuevas reglas a los clubes de Palma, Mahón e Ibiza. Lo razonable, en un país que presume de descentralizado, sería que la voluntad expresada por el poder legislativo regional fuese extensiva a todo el territorio de la autonomía y que, por tanto, existiera unidad de criterio. Pero esto es harina de otro costal. Conformémonos, de momento, con lo que ya tenemos. Vayamos paso a paso.