Hoy les hablaré de algo que atañe a nuestro mundo náutico, pero que es de aplicación en cualquier otro contexto cuyos actores principales sean los políticos. Aprovecharé la ocasión para entonar también un mea culpa, pues en muchas ocasiones los debates estériles que polarizan a la sociedad no tendrían ningún recorrido sin el concurso necesario de los medios de comunicación.
Seguro que el ejemplo que les voy a exponer a continuación les sirve para entender lo que pasa con tantos y tantos asuntos que hacen correr ríos de tinta, pero que en realidad no tienen importancia o, si la tienen, no merecen el espacio que les destinamos a la hora de establecer la jerarquía de las noticias.
Ya saben que uno de los «temas centrales» de la náutica este año 2025 ha sido la liberalización del alquiler de barcos privados contemplada en la recién reformada Ley de Navegación Marítima y el conflicto competencial que ello ha provocado entre el Gobierno central y el de la comunidad autónoma. Ambas administraciones se han tirado los trastos a la cabeza en defensa de sus atribuciones a la hora de establecer aquello que podemos hacer o no los ciudadanos.
Obviamente, todos hemos creído en algún momento que esta pelea institucional no podía deberse a cosa que no fuera de verdad trascendente. Yo misma he tomado partido defendiendo aquí que las competencias de la náutica de recreo deberían ser exclusivas de la autonomía, porque así lo dice nuestro Estatuto balear y porque creo honestamente que para que exista una buena gestión, en cualquier ámbito, se requiere conocimiento de la realidad y, en consecuencia, cercanía. No niego que también he compartido el argumento de que en Baleares hay suficientes barcos y empresas de chárter como para sumarles toda la potencial flota de lista 7ª, es decir, de uso privado.
Pero este último razonamiento partía de una premisa que, como mínimo, era imprecisa. No es cierto, según han demostrado elocuentemente los datos revelados por la Dirección General de Transporte Marítimo, que los armadores de embarcaciones particulares estén dispuestos a alquilarlas durante tres meses, y menos con las duras condiciones impuestas por la Marina Mercante para hacer el traspaso temporal.
Apenas 17 barcos han tramitado el cambio temporal de uso en toda España; únicamente dos de ellos tienen base en Baleares y, por si fuera poco, no han conseguido el permiso al no reunir los requisitos. O sea, que hemos convertido en asunto central algo que, llevado a la realidad, no parecía tener importancia. O no, desde luego, aquella que le hemos dado. El aspecto más relevante de este asunto estaría, tal vez, en conocer las razones que han llevado al Estado a plantear esta medida y quién pretendía obtener beneficio de ella, aunque finalmente haya resultado ser un fracaso. Quien sea que tuvo la brillante idea se ha dado un buen batacazo.
Por muy noticia que nos pareciera en su momento el famoso «conflicto competencial», lo cierto es que detrás de la polémica no había ningún soporte fáctico. Conviene reflexionar, a raíz de este caso, sobre si los debates públicos deben centrarse en el interés de los ciudadanos o, como ocurre tantas veces por desgracia, en las cuitas de políticos y administraciones. No siempre es fácil distinguir a priori, pero hay que intentarlo.
