Hace unos días se tramitó en el Parlament la Proposición de Ley que modifica la Ley 10/2005 de Puertos de las Illes Balears. La reforma aborda cuestiones diversas –registro de usuarios, expedientes de abandono de embarcaciones, vehículos y objetos–, pero uno de los aspectos de mayor impacto es la modificación del artículo 73, relativo al plazo de las concesiones.
 

Debe reconocerse el trabajo de las asociaciones de clubes náuticos y marinas, que han mantenido reuniones con los distintos grupos políticos para que la iniciativa avanzara. Nuestro entorno ha permitido históricamente el desarrollo de clubes náuticos y marinas que han generado actividad social, deportiva y económica; no estaría de más que supiéramos valorarlo.

Sobre la dificultad, cada vez mayor, del acceso de la ciudadanía local a la náutica, diría que existe un consenso amplio. Y también coincidiríamos en que ampliar la superficie de agua abrigada no es la solución. La Proposición de Ley recoge frases sobre «la importancia del sector», «la vertiente social de los clubes náuticos» y «la necesidad de proteger la navegación de recreo por su relación con el medio ambiente y la mar». Son conceptos que llevamos años escuchando. Sin embargo, la realidad es que la llamada gentrificación azul sopla de proa con más fuerza que nunca. Algo no está funcionando.

Las oportunidades no son infinitas. El tren pasa una y otra vez mientras nosotros seguimos contando las monedas que llevamos en el bolsillo. ¿Cuándo entendermos que quizá tenemos el bolsillo lleno pero el futuro vacío? ¿Cuándo asumiremos que, si no actuamos, estaremos vendiendo nuestro mañana al diablo?
Tal vez nos encontremos en un punto de inflexión. La tramitación de esta Proposición de Ley podría ser la ocasión para dar un impulso real a la náutica local. En materia de concesiones y cánones se me ocurren algunas opciones que podrían resultar útiles, aunque no soy especialista en cuestiones jurídicas y prefiero ser prudente. Sí hay un asunto clave que merece atención: la necesidad de definir, de manera clara y compartida entre Ports IB y la Asociación de Clubs Náuticos de Baleares, qué entendemos por «club náutico».

Las decisiones que se tomen exigirán equilibrio y renuncias mutuas. No estamos ante nuevas concesiones, por lo que el margen de modificación es limitado, pero la Administración sí puede plantear ventajas a quienes se acojan a un modelo actualizado. Cada club decidirá si quiere o no entrar en ese marco redefinido.
Tenemos tiempo para trabajar este escenario. ¿Podemos impedir que un club náutico compre como vehículo corporativo un Ferrari destinado a los desplazamientos del presidente o del gerente? ¿O que una nueva junta directiva desmonte en poco tiempo la labor social y deportiva construida durante décadas? Pues bien, eso también forma parte del debate sobre qué debe ser un club náutico.

Podemos y debemos redefinir la figura del club para que se centre en lo social, lo local y lo deportivo.  Para ello la Administración debe corresponder ajustando los cánones a esta nueva realidad.  Hasta ahora los clubes a veces han adaptado sus esloras al canon; quizá ha llegado el momento de que loras y al uso efectivo de

los amarres.El Govern afronta enormes dificultades para frenar la gentrificación en tierra por el problema de la vivienda, pero en el mar la situación es distinta: la gestión indirecta es plenamente suya y tiene capacidad para marcar las directrices. Si un día los baleares solo podemos mirar la mar desde la escollera, será también su responsabilidad. Es cierto que en la Administración desear no es poder de inmediato, pero entre todos debemos intentarlo.