Empieza un nuevo año, en el ecuador de la legislatura que trajo –no cabe duda– mejores vientos para la náutica de recreo en Baleares, con el reconocimiento de su importancia social y su consideración como sector estratégico. Sin embargo, no conviene caer en la complacencia. Siguen existiendo asignaturas pendientes y, además, en los últimos meses se han generado conflictos que hasta hace poco eran inexistentes y que convendría afrontar con ánimo de consenso en este nuevo ejercicio. De ello hablaré más adelante.
Antes merece la pena detenerse en la cuestión de fondo. La náutica arrastra problemas estructurales que la modificación de la Ley de Puertos debería ayudar a resolver, pero, por desgracia, el debate ha derivado hacia rencillas políticas. La actuación del PSIB en este asunto –y la de su diputado Marc Pons en particular– deja mucho que desear. Llevamos muchos años, demasiados, hablando de la necesidad de garantizar el acceso al mar a las economías medias –de esa convicción nació, precisamente, la idea de organizar el foro de debate sobre náutica social de Gaceta Náutica el pasado mes de abril– como para echar a perder la oportunidad que ahora se presenta por una concepción bajuna de lo que debería ser un debate político constructivo.
Es crucial, como sostiene el presidente de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares, Antoni Estades, que los partidos aparquen sus diferencias y aprueben una reforma legal que permita prorrogar las concesiones. Se puede discutir sobre el horizonte de los plazos, pero no sobre los efectos claramente nocivos que la subasta descontrolada de puertos tiene para los aficionados locales. No se trata de desplazar a un segmento en favor de otro, sino de que haya espacio para todos: para la náutica de alto poder adquisitivo, cuyo impacto positivo sobre el conjunto de la economía es innegable, y para el navegante mallorquín de toda la vida, que tiene el derecho natural a disfrutar del mar. Sí, he dicho mallorquín, porque a estas alturas ya no caben más eufemismos. Gabriel Dols, presidente de FANMED, tiene toda la razón cuando afirma que aún estamos a tiempo de frenar la gentrificación portuaria, pero para ello hace falta voluntad política. El cambio en la Ley de Puertos de Baleares es una oportunidad única, posiblemente la última. Ojalá se imponga el sentido común y la nueva ley se convierta, por fin, en una realidad.
En cuanto a los nuevos conflictos surgidos en los últimos tiempos, mi deseo para el año que empieza es que el Govern balear y el Estado sean capaces de sentarse a la mesa y alcanzar un acuerdo, aunque sea de mínimos, sobre la regulación de actividades tan importantes para el sector como el chárter y las excursiones turísticas. Me consta que no es fácil, pues las diferencias son profundas. Ninguna de las dos partes debería perder de vista que, en medio del fuego cruzado de su guerra competencial, están los usuarios, que además son quienes pagan los sueldos de funcionarios y políticos.
Ni la nueva ley estatal de navegación marítima ni el decreto balear del chárter son perfectos, pero tampoco el desastre que se nos vende de manera interesada. La crispación y las acusaciones cruzadas no llevan a ninguna parte. Cómanse su orgullo y pónganse las pilas: no nos interesan sus razones políticas ni personales.
