Los pescadores recreativos confían en que la obligación de declarar capturas en aguas exteriores a través de la aplicación PescaREC acabe limitándose a un número reducido de especies, tras los últimos avances en la negociación entre el sector y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Así lo ha expuesto Bernadí Alba, presidente de la Alianza de Pesca Española Recreativa Sostenible (APERS), en una carta remitida a los socios de la entidad, en la que detalla el estado actual del desarrollo de la herramienta y el recorrido seguido desde que comenzaron los trabajos para su implantación.

Según explica, uno de los puntos que en su momento generó mayor rechazo fue el primer listado de especies incorporado a la aplicación, que superaba las 320, al trasladar prácticamente de forma íntegra el catálogo FAO del Atlántico, Mediterráneo y Mar Negro. Esta relación fue considerada inasumible tanto por su extensión como por incluir especies ajenas a la práctica habitual de la pesca recreativa.

Las protestas de las asociaciones provocaron una primera rectificación por parte de la Administración, que elaboró una nueva propuesta reduciendo el listado a 124 especies.  Según Alba, esta cifra sigue siendo “un disparate” si se compara con los controles vigentes en otros países europeos. En Portugal, por ejemplo, la obligación de declaración se limita a cinco especies, mientras que en el Mediterráneo francés se circunscribe esencialmente al atún rojo, el besugo y la llampuga, y en los Países Bajos afecta únicamente al atún rojo y a la anguila europea.

Este contraste ha servido de base para replantear el alcance del sistema español. Según expone Alba, tras las últimas reuniones mantenidas (la última, el pasado día 5 de febrero), ambas partes se muestran de acuerdo en la mayor parte de los aspectos técnicos y trabajan ya sobre la elaboración de “un listado lógico y aceptable” de especies a declarar.

La carta de APERS recalca que la relación definitiva aún no está cerrada y que su aprobación puede demorarse varias semanas, en parte por los propios problemas de desarrollo que sigue arrastrando la aplicación europea Reefishing, de la que deriva el modelo de control comunitario.

Pese a ello, el presidente de APERS envía a los socios un mensaje moderadamente optimista sobre la evolución de la negociación, al considerar que las objeciones planteadas por el sector están siendo escuchadas y que el resultado final podría alejarse de los “surrealistas” planteamientos iniciales. También agrade la mediación del Govern balear a través de la Dirección General de Pesca entre el Ministerio y APERS.