El concurso convocado por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) para la concesión de los amarres de los muelles de golondrinas en el puerto de Alcúdia ha quedado en el aire. Lo que parecía que iba a ser un mero trámite, ya que la empresa Nova City 2010 S.L. ha sido la única que ha presentado una oferta y todo parecía que se lo iba a adjudicar, ha dado un giro porque una sociedad presuntamente vinculada al licitador podría no estar al corriente de pago con el ente portuario.
La mesa de licitación se reunió ayer en la sede de la APB para certificar que se habían subsanado dos deficiencias administrativas detectadas hace dos semanas, tras la apertura del primer sobre. En el acto, Nova City 2010 pudo acreditar, tal y como pedían las bases del concurso, que cuenta con un capital social mínimo de 20.000 euros y presentó las cuentas anuales del pasado ejercicio, dos requisitos indispensables para continuar con la licitación.
Sin embargo, la mesa de licitación reveló que existen vínculos de esta firma con un deudor relevante a la APB. En concreto, los funcionarios han detectado que los propietarios o administradores de esta empresa podrían ser los mismos que los de otra firma que mantiene una situación de impago con el ente portuario. Según las bases del concurso, uno de los requisitos imprescindibles para optar a esta licitación pública es estar al corriente de pago con la Administración.
Ante esta situación, los responsables de la mesa decidieron suspender el acto y otorgar un plazo de diez días para que los representantes de Nova City 2010 presenten las alegaciones que consideren pertinentes.
La empresa Nova City 2010 S.L., con sede en Madrid y representada por Carlos Illa, está administrada por otra empresa, denominada Acciones de Comunicación y Estrategia, S.L., vinculada al empresario Alberto Pedraza y a Puerto y Litorales Sostenibles (PyLS), cuyo administrador es el propio Illa, director de Port Náutic Ibiza. La APB no ha precisado la cuantía de la deuda, pero uno de sus representantes en el acto público de la Mesa de Contratación, al que asistió telemáticamente Gaceta Náutica, la calificó de “relevante”.
El concurso para la gestión de las zonas de amarres utilizadas por las embarcaciones de lista 2ª que realizan excursiones turísticas en la bahía de Alcúdia contempla un periodo máximo de 12 años de concesión y establece un canon anual mínimo de 38.699,87 euros en concepto de tasa de ocupación, al que se sumará un 4% sobre el volumen de negocio en concepto de tasa de actividad.
El adjudicatario deberá gestionar un total de siete plazas de atraque de estancia continuada y uno en régimen de tránsito. Hasta ahora, estos amarres eran gestionados de forma directa por la Autoridad Portuaria de Baleares.
