Las compañías consideran positivo que el planteamiento contemple la movilidad cotidiana de la isla, en particular las dirigidas a residentes y trabajadores de temporada, y que incorpore criterios ambientales ligados a las etiquetas “0” y “ECO”, en línea con los objetivos de sostenibilidad. Sin embargo, advierten de que una medida de este alcance debe apoyarse en bases técnicas sólidas, datos actualizados y criterios objetivos, alejándose de enfoques meramente simbólicos.

En este sentido, señalan la conveniencia de revisar la base técnica utilizada, ya que el estudio de referencia, que está fechado en noviembre de 2024 y sustentado en datos de 2023, no incorpora el impacto real de las medidas aplicadas en 2025. También consideran imprescindible definir con precisión el periodo de aplicación y los parámetros previstos para 2027 para reducir la inseguridad regulatoria en la fase inicial.

Las navieras proponen además que las excepciones por criterios ambientales se apliquen de forma homogénea y sin discriminaciones, reconociendo vehículos matriculados en otros Estados miembros de la Unión Europea cuando dispongan de calificaciones equivalentes a las españolas. Asimismo, apuntan la necesidad de introducir ajustes operativos que eviten incidencias en el cómputo de estancias y en determinadas situaciones derivadas de la operativa portuaria.

Por último, reiteran su disposición a colaborar con la institución insular para avanzar hacia un modelo integral de movilidad sostenible que combine un marco jurídico claro con la preservación de la conectividad marítima, clave para no entorpecer la vida de quienes residen y trabajan en la isla.