PortsIB, el organismo que gestiona los puertos autonómicos de Baleares, ha presentado un contundente escrito de alegaciones al proyecto de modificación del decreto estatal de estrategias marinas. Considera que la nueva normativa introduce trámites burocráticos innecesarios que pueden dificultar seriamente la gestión de los puertos autonómicos y abre la posibilidad de aplicar vetos a decisiones adoptadas en el ámbito local sin ni siquiera tener que motivarlos.

Las estrategias marinas son instrumentos de planificación ambiental que tienen como pretendido objetivo proteger y mejorar el estado del mar. Se basan en la normativa europea (en concreto, la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina) y obligan a países como España a definir planes para lograr el “buen estado ambiental” de sus aguas marinas.

El Govern balear advierte de que el texto, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica, amplía de forma significativa el número de actuaciones que deberán someterse a informe estatal, incluyendo trabajos habituales como dragados de mantenimiento, reparaciones o intervenciones de emergencia. Según PortsIB, esta extensión “generalista” entorpece la operatividad diaria de las instalaciones portuarias y compromete incluso su seguridad. Diversos puertos de Mallorca, como los de la Colònia de Sant Jordi, Can Picafort, Cala Bona o s’Estanyol, se encuentran en una situación de máxima precariedad ante las absurdas exigencias para su dragado.   

Uno de los puntos más cuestionados en las alegaciones es el cambio en los plazos. El proyecto del Gobierno prevé duplicar el tiempo para emitir determinados informes, pasando de 30 a 60 días hábiles. PortsIB considera que esta ampliación no está justificada y que supondrá retrasos adicionales en proyectos ya sometidos a tramitaciones complejas.

Además, el organismo balear rechaza que la falta de respuesta se traduzca automáticamente, como pretende el Estado, en un informe desfavorable. A su juicio, esta medida introduce un “veto de facto” sin base técnica que podría paralizar actuaciones necesarias, al depender únicamente del transcurso del tiempo y no de una valoración motivada.

“Lo que pretende el Ministerio -señalan las alegaciones- es que los procedimientos queden ‘congelados’ sine die hasta la emisión o no del Informe. Esta situación es incompatible con la distribución de competencias políticas y administrativas consagrada en el bloque constitucional, además de contrarios a los principios de relaciones interadministrativas y buena regulación. Supone de facto un derecho de veto, una involución de la descentralización del Estado, y una tutela inasumible de las competencias autonómicas”.

Las alegaciones también ponen el foco en los criterios ambientales propuestos, especialmente en lo relativo a la gestión de sedimentos. PortsIB señala que la normativa, tal como está planteada, dificulta la reutilización de arenas en el propio litoral, obligando en algunos casos a su vertido y rompiendo la dinámica natural de las playas.

Más allá de los aspectos técnicos, el documento plantea una crítica de fondo: la posible invasión de competencias autonómicas. PortsIB sostiene que el nuevo marco amplía el control del Estado hasta el punto de condicionar la planificación y ejecución de obras portuarias, lo que, en la práctica, podría suponer una recentralización de competencias.

En sus conclusiones, PortsIB reclama una regulación más equilibrada que permita compatibilizar la protección del medio marino con la agilidad administrativa y el correcto funcionamiento de los puertos.