La organización ecologista Oceana ha alertado del nuevo retraso en la actualización del marco de gestión del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, después de que el Govern balear haya pospuesto la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) hasta 2027.
Según denuncia la entidad, los 807 kilómetros cuadrados de superficie marina incorporados en 2019 —considerados un hito para la conservación en España— siguen sin estar incluidos en el plan vigente, que únicamente regula en torno a una décima parte del parque. Esta situación deja sin protección efectiva a especies y hábitats clave, como corales, cetáceos, tortugas, tiburones y aves marinas.
El científico marino de Oceana, Michael Sealey, ha calificado el retraso como “una irresponsabilidad y una vulneración de la ley”, al considerar que el actual marco permite actividades incompatibles con la conservación en un espacio que debería ser referente en el Mediterráneo occidental. La organización reclama medidas urgentes para aprobar el PRUG a lo largo de 2026 y evitar agotar el nuevo plazo.
Además, Oceana advierte de las consecuencias de esta falta de gestión. Un estudio científico reciente revela que Cabrera ha perdido cerca del 40% de su biodiversidad marina en menos de una década, con un descenso significativo de la riqueza de especies en todos los hábitats del parque.
En paralelo, la organización ha mostrado su apoyo a la propuesta del Govern presentada el pasado noviembre para crear la mayor zona de protección estricta del Mediterráneo, con unos 600 km² en los que se prohibirían todas las actividades extractivas. No obstante, plantea ampliar esta área para incluir enclaves de gran valor ecológico, como el arrecife coralígeno del Fort d’en Moreu y parte del escarpe de Émile Baudot, donde se encuentran corales centenarios afectados por artes de pesca de fondo.
Oceana considera que esta medida podría situar a Baleares a la vanguardia de la conservación marina, en un contexto en el que la protección estricta en aguas españolas no alcanza aún el 1% y debería llegar al 10% en 2030. Sin embargo, insiste en que los compromisos deben traducirse en acciones concretas y en una gestión efectiva sobre el terreno para frenar la pérdida de biodiversidad.
