En las Islas Baleares existe un consenso social muy extendido: es normal que la administración compre fincas, proteja terrenos o financie infraestructuras para que la ciudadanía pueda disfrutar del territorio a través del senderismo. Se entiende como una política pública lógica, necesaria y positiva.
Ese consenso no es tal si el debate se traslada al mar y a la náutica. Cuando la administración debe invertir en infraestructuras públicas para la práctica de la náutica, la percepción cambia.
Durante años hemos interiorizado que proteger el territorio terrestre exige algo más que prohibiciones. Exige inversión pública, planificación y equipamientos que permitan compatibilizar conservación y uso público. Senderos, pasarelas o centros de interpretación forman parte del paisaje habitual de la gestión pública. Un ejemplo claro es la Serra de Tramuntana, donde aceptamos sin ningún conflicto invertir dinero público para comprar fincas, ordenar territorios, señalizar caminos y preservar espacios sensibles. Nadie se cuestiona que este gasto beneficie solo a quienes salen a caminar. Entendemos que es una inversión ambiental, cultural y social.
Pero no solo ocurre con el senderismo. ¿Qué sucede con el deporte en general? Toda la infraestructura de instalaciones, uso de suelo público, personal de gestión y mantenimiento se entiende como equipamiento público destinado a garantizar el acceso, fomentar la actividad física, crear comunidad y ofrecer oportunidades a los residentes. Sin embargo, cuando hablamos de deportes de mar, el esquema se invierte.
Las instalaciones vinculadas a la práctica de deportes náuticos no solo no se conciben como equipamientos públicos al servicio de la ciudadanía, sino que pagan un canon a la administración por ocupar dominio público. El margen económico de estas instalaciones, replanteado adecuadamente, sería más que suficiente para garantizar el acceso de los baleares al mar y, a su vez, podría ser compatible con que a la administración –y, por ende, a la ciudadanía– no le costara nada.
En tierra, el deporte se apoya en infraestructuras públicas financiadas colectivamente; en el mar, se desarrolla en infraestructuras que deben autofinanciarse y, además, contribuir económicamente a la propia administración.
Esta situación se agrava hasta límites poco razonables cuando no solo no se es sensible a esta realidad, sino cuando, además, de la náutica local se obtienen recursos para bonificar la insularidad (como el transporte marítimo) o se destinan, mediante transferencias de capital, a ámbitos como la vivienda o los servicios ferroviarios.
La náutica no se entiende como un deporte ni como una actividad social de base, sino como una actividad privada, asociada al ocio y al privilegio. Y esta percepción tiene consecuencias. Si la administración no tiene sensibilidad social ni ayuda a desestigmatizar la náutica, el acceso al mar acaba desplazándose hacia quienes pueden pagar soluciones privadas. La falta de inversión en infraestructuras náuticas públicas o, en el caso de nuestra comunidad, la escasa sensibilidad hacia concesiones que dedican una parte importante a la náutica local, la debilitan. Es sencillo: definir claramente unos parámetros sociales e intervenir para que las instalaciones que deseen desarrollar esta actividad cumplan con ellos.
La náutica puede ser mucho más social si avanzamos hacia un modelo de gestión más amplio, donde, junto al aspecto económico, se valoren también sus beneficios sociales y culturales. Debemos abrir la mirada. Este nuevo rumbo debe venir marcado desde arriba.
Baleares, referente en la náutica, tiene la oportunidad de serlo también en su dimensión social.
Cuando desaparecen los prejuicios, aparecen las oportunidades, y ahora puede ser el momento de emprender este nuevo rumbo.
