Baleares es un territorio con una dependencia absoluta del transporte marítimo de mercancías. No ocurre lo mismo con el de pasajeros, donde existe la alternativa aérea. Pero en lo que respecta al abastecimiento, no hay margen: todo lo que se consume, se transforma o se vende en las islas llega por mar. Esta es la realidad estructural sobre la que se sostiene la economía balear.
Las navieras que operan estas rutas tienen carácter estratégico. Su funcionamiento, sus tarifas y sus decisiones afectan directamente al coste de la vida, a la viabilidad de las empresas y, en última instancia, a la estabilidad económica del archipiélago.
Las conexiones marítimas entre Baleares y la Península están actualmente en manos de tres compañías: una española, Baleària, y dos italianas, Trasmed y Grimaldi. Estas tres empresas, que tienen la potestad de determinar cuánto cuesta mover un metro lineal de mercancía entre el continente y las islas, decidieron el mes pasado –casi al unísono– aplicar un importante incremento en sus tarifas con el pretexto de la guerra en Oriente Medio.
El recargo, de hasta ocho euros por metro, se comunicó a los clientes (distribuidores y transportistas terrestres) con la advertencia de que las tarifas serían revisadas semanalmente, un plazo muy corto que introduce un alto grado de incertidumbre en el mercado e impide planificar, por ejemplo, el coste de una obra dentro de unos márgenes razonables. Al cierre de esta edición, el 25 de marzo, el precio del flete no había vuelto a subir, pero la sola idea de que se pudiera hacerlo sin tiempo de reacción llevó a muchas constructoras a replantearse sus proyectos. Las que tenían presupuestos cerrados estaban «temblando», según reconoció a GN un empresario del ramo.
Muchos distribuidores interpretan los incrementos del transporte marítimo como una maniobra especulativa y avisan de que los nuevos precios han venido para quedarse, con independencia de cómo evolucione el conflicto en Irán. El tiempo dirá si estos temores son o no fundados, pero de lo que no cabe duda es que al final de esta cadena estamos los consumidores. Somos quienes acabamos absorbiendo cada recargo. Lo que hoy preocupa a distribuidores y constructores se trasladará pronto a las estanterías de los supermercados.
El Govern balear debe permanecer atento. Es de justicia reconocer el carácter estratégico de las navieras. Está muy bien plantear ayudas públicas si la situación lo requiere. Pero no se debe actuar sin antes asegurarse de que esas mismas compañías no han aprovechado la coyuntura para incrementar sus márgenes. Y dejar claro que, una vez compensadas, si finalmente se decide hacerlo, no pueden reservarse la carta de revisar tarifas cada semana y generar, de este modo, un clima de inseguridad a empresas que no pueden ajustar sus precios, que trabajan con márgenes estrechos y que dependen de una mínima previsibilidad para sobrevivir.
Las administraciones públicas tienen, en la actual situación de crisis global, una responsabilidad de vigilancia. Deben garantizar transparencia y condicionar cualquier ayuda con dinero público a un comportamiento socialmente responsable. No sería de recibo, desde cualquier punto de vista, que eventuales subvenciones al transporte marítimo no vinieran inmediatamente acompañadas de
