El Parlament de les Illes Balears ha aprobado una ley de Evaluación de Impacto Ambiental que, teniendo como objeto la protección del medio ambiente de Baleares y como principal finalidad ecologista evitar cualquier impacto negativo sobre éste, ha estampado la obligación legal de vigilar cualquier plan urbanístico, programa o proyecto que pueda causarlo y sancionar con hasta tres millones de euros a sus autores.

La norma incluye entre otras sorpresas, atención a esto, el permiso de construir urbanizaciones desprovistas de alcantarillado. O sea, sin la necesaria red de saneamiento de sus vertidos fecales, con el enorme peligro medioambiental y sanitario que ello conlleva. Algo que siempre estuvo prohibido. Pero hay más. Aquí está el quid de la cosa, lo más importante. Teniendo en cuenta que la nueva ley no excluye ningún otro daño ambiental, excepto el mencionado, y citando expresamente la protección de las aguas marinas, parece evidente que el Govern autoriza vertidos de aguas residuales sin depurar en los torrentes y en el mar.

Cabe recordar que la administración pública autonómica reconoce en un documento oficial el asentamiento de 47 emisarios marinos sobre 47 praderas de posidonia protegidas y se debe tener en cuenta que multitud de depuradoras ocasionan por negligencia en su mantenimiento un deterioro ambiental continuo y manifiesto en el entorno en el que están ubicadas.

De todo esto es responsable directo el propio Govern. Por tanto, la primera pregunta que cabe hacerse es si de verdad la ley va a sancionar al Ejecutivo Autonómico por ser el máximo culpable de la contaminación del mar balear. Yo creo que va a ser que no. Es evidente. Es el Govern quien ha de sancionar y no va a sancionarse a sí mismo. La cosa está clara. Así que esta ley es solo una norma de conveniencia política. No de praxis ética. ¿No les parece?

Veamos otros casos no menos escandalosos. ¿Sabían ustedes que a causa de los vertidos de varias depuradoras gran parte de S’Albufera de Alcúdia está contaminada y que debido a ello ya se ha detectado científicamente la disminución de diversas especies acuáticas y la marcha progresiva de otras que ya han dejado de venir a Mallorca? Este es un secreto bien guardado por el Govern y del que no quiere hablar dada su enorme importancia ¿Qué les parece? ¿Habría o no que aplicarle al Govern la nueva ley con su sanción correspondiente?

¿Sabían ustedes que el Consell de Menorca y el Consell de Ibiza no tienen vertederos de residuos peligrosos como ordena la normativa legal y que a causa de esta ilegalidad el segundo ha empezado a enviar 50 toneladas diarias de lodos contaminados a Valencia para evitar que la pitiusa mayor se convierta en la isla de los malos olores? ¿Es esto en realidad protección del medio ambiente? La decisión sólo tiene una cosa buena: que esos lodos por lo menos no acabarán en ningún torrente ni en ninguna playa de Ibiza como pasaba hasta ahora.

La parte mala es que ninguna de las dos instituciones tiene prisa alguna por habilitar sus propios vertederos y yo me pregunto ¿se debe sancionar a ambos consells de acuerdo a la nueva ley de impacto ambiental?