El Ministerio de Medio Ambiente pagó 56.492 euros por el proyecto que contempla instalar 1.228 boyas de fondeo en Baleares. El contrato, según han informado fuentes oficiales, se firmó en enero de 2008 tras licitarse por el procedimiento de concurso. La empresa adjudicataria, KV Consultores, quien había realizado previamente trabajos para la Autoridad Portuaria de Baleares y algunas empresas náuticas radicadas en las Islas, dispuso de un plazo de dos años para realizar el trabajo de campo y entregar el estudio.
El proyecto, afirma el Ministerio, «no se sacó a información pública porque se había elaborado para servir de guía para futuras actuaciones y decisiones individuales». La misma fuente añadió que en «Ports de Baleares (en referencia a Ports IB, la empresa pública que gestiona los puertos autonómicos) tienen una copia».
Gaceta Náutica publicó en exclusiva el resultado de este estudio en su edición del pasado mes de mayo, coincidiendo con la celebración del Salón Náutico Internacional de Palma, donde la noticia provocó un gran revuelo. Las diferentes asociaciones náuticas de Baleares coincidieron en que la eventual aplicación del plan propuesto por KV Consultores, que además de las 1.228 boyas de pago contempla el cierre de 22 calas, significaría «el fin del derecho al libre fondeo y del turismo náutico». El hecho de que el Ministerio de Medio Ambiente haya reconocido que el plan no se hizo público porque era «una guía» explica que haya permanecido en secreto durante seis años, desde que se concluyó en 2010 hasta que Gaceta Náutica lo publicó el mes pasado con todo lujo de detalles, revelando el número de boyas que se podrían llegar a instalar en cada uno de los fondeaderos de Mallorca (485), Menorca (262), y Pitiusas (481).
El documento de KV Consultores, que obra en poder no sólo de Ports IB, sino de otros organismos autonómicos relacionados con la gestión del litoral como la Demarcación de Costas y la Conselleria de Medio Ambiente, adquiere una especial relevancia desde que el Pacte que gobierna Baleares declarara la guerra al libre fondeo y abogara de manera pública y notoria por proteger las praderas de posidonia mediante la creación de campos de boyas de pago como los que funcionan en el Parque Nacional de Cabrera o en Cala Blava.
El conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, declaró nada más ser nombrado que la presente legislatura sería «la de la posidonia». Los usuarios del mar, representados por las asociaciones de navegantes ADN y ANAVRE, se han quejado de que el Govern balear pretenda satanizar el uso del ancla y la actividad náutica en general por «prejuicios» y «desconocimiento» de la realidad del sector. La presidenta balear, Francina Armengol, sigue sin atender la solicitud de reunión que han cursado los usuarios y empresas náuticas para tratar el futuro decreto de protección de la posidonia.
