El Govern de las Islas Baleares ha defendido a través del conseller de Movilidad, Marc Pons, el Pliego de Condiciones Particulares del Servicio Comercial de reparación y mantenimiento de embarcaciones aprobado por la Autoridad Portuaria de Baleares que supone un aumento de la carga fiscal en plena crisis económica del Covid-19.
La diputada Virginia Marí, del Grupo Popular, ha preguntado en el Parlament al Govern si el ejecutivo autonómico se había reunido con la APB ante la implementación de esta nueva tasa al sector de la reparación de embarcaciones náuticas.
Marc Pons ha señalado que la Ley de Puertos de 2011 establece que las empresas que realizan estas actividades en dominio público deben pagar una tasa y que hasta ahora solo la abonaban las empresas que tienen una concesión.
Pons ha explicado que “las empresas que lo pagaban denunciaron esta situación ante la APB, que solicitó un informe a la Abogacía del Estado que acabó dictaminando que todas las empresas debían pagarla, por lo que la APB ha hecho cumplir la ley”.
En este sentido, el conseller ha remarcado que “el Govern considera lógico y razonable que todas las empresas tengan que pagar esta tasa si hacen el mismo trabajo en el mismo lugar de dominio público”.
Virginia Marí ha mostrado su sorpresa porque se haya decidido cobrar la tasa en estos momentos y ha acusado al Govern de no apoyar a los pequeños y medianos empresarios. La diputada ha afirmado que aunque esta tasa no es competencia del Govern, si no de la APB y del Estado, “son sus socios los que han ordenado el cobro”.
La popular ha recordado que la tasa, que fue aprobada el 18 de diciembre de 2019, se tuvo que aplazar seis meses porque había mucho enfado en el sector. “En un momento donde la mayoría de estas empresas de reparación y mantenimiento de embarcaciones están en una situación de ERTE, ERE o simplemente no han podido abrir, la omnipotente Autoridad Portuaria ha decidido que sí o sí se implanta la tasa. Sinceramente, se ha vuelto un poco loca”, ha señalado.
Virginia Marí ha recordado que el Pliego de Condiciones Particulares afecta a más de 500 empresas, “la mayoría pequeñas y medianas que están intentando sobrevivir”. La diputada ha denunciado que esta tasa solo se aplicará en Baleares por lo que las empresas de las islas perderán competitividad y ha anunciado que el grupo popular presentará una proposición no de ley para que se anule esta tasa.
Por su parte, Marc Pons ha replicado que la ley de puertos es estatal y la tasa se aplica en todos los puertos de España. “Usted propone no cumplir la ley y rechazar los informes de la Abogacía del Estado”, ha sentenciado.
