La Asociación de Empresas Náuticas de Baleares (AENIB) no está dispuesta a aceptar la aplicación de ninguna versión del ‘tasazo’ al sector de la reparación y mantenimiento de embarcaciones, vigente desde el pasado mes de julio pero cuyo pliego se encuentra aún en fase de desarrollo.
La entidad presidida por Jaume Vaquer, que ha presentado una demanda contencioso-administrativa contra la APB, considera que la tasa se ha de posponer “hasta tumbarla definitivamente en Madrid, con la ayuda de ANEN”, la patronal náutica española. O se aplaza o mantendrá su órdago judicial. Sin medias tintas.
La ‘mordida’ a las empresas y autónomos de los puertos de interés general es de obligada aplicación, dado que así lo establece la Ley de Puertos del Estado, pero algunas comunidades autónomas que compiten directamente con Baleares, como Cataluña, han optado por demorarla ‘sine die’ para mejorar la competitividad de su industria de reparación y mantenimiento.
El ex presidente de la APB, Juan Gual, cesado tras ser detenido e imputado en una operación de la Fiscalía Anticorrupción, se mostró siempre inflexible en este asunto y decidió aprobar el ‘tasazo’ en plena pandemia tras recabar el apoyo de la presidenta Armengol y del conseller de Movilidad, Marc Pons, que incluso llegó a defenderla en el pleno del Parlament.
“Nos ha costado demasiados sacrificios volver a ponernos en pie tras la crisis de hace unos años como para que ahora nos hunda una simple decisión política”, señala AENIB en el boletín mensual dirigido a sus asociados, en el que utiliza un lenguaje inédito hasta la fecha, con frases como: “No tenemos ningún problema en desenterrar el hacha de guerra cuando las cosas vienen mal dadas con la administración. No existimos para ser cómodos para nadie más que nuestros socios”.
El citado boletín se hace eco de la exclusiva de Gaceta Náutica, que adelantó la interposición de la demanda en su edición impresa del mes de octubre.
La derivación judicial del 'tasazo' ha cogido por sorpresa a la APB y a su recién estrenado presidente, Francesc Antich. El organismo portuario había empezado a negociar la letra pequeña del pliego con la recién creada Asociación para el Desarrollo Náutico de Empresas y Autónomos (ADNEA), que también se muestra contraria a la medida pero dice buscar una fórmula “realista” para que su impacto sea el menor posible. Su presidente, Alex Casares, afirma: “Claro que nos gustaría que la tasa se suprimiera, pero hay que actuar en función de los acontecimientos y buscar soluciones inmediatas para las empresas, especialmente en estos momentos de crisis”.
Según el máximo dirigente de ADNEA, “las leyes no se cambian con contenciosos, sino mediante procesos muy largos, y lo que quieren los empresarios del sector de reparación son respuestas rápidas que les permitan minimizar el impacto de la tasa”. Por eso, explica, ADNEA ha pedido “rebajar o anular el seguro medioambiental, que el 1,5% sobre la facturación se cobre sobre la mano de obra y no sobre materiales, y que se reconsideren las cantidades de pago de la fianza o garantía, de tal manera que o bien se rebaje la cuantía o bien el rango de número de trabajadores por empresa sea mayor”.
“Nosotros, antes de formar la asociación, fuimos los primero que nos rebelamos contra la tasa, pero la realidad ahora mismo es que está vigente y que el Parlament balear ha rechazado aplazarla”, añade Casares, que insiste en que está dispuesto a consensuar “una estrategia común con todo el sector”.
Las posturas claramente contrapuestas de las asociaciones náuticas se enmarcan en un clima de cierta tensión provocado por el nacimiento de ADNEA y su integración en la patronal de la pequeña y mediana empresa de Mallorca (PIMEM). AENIB, que hasta la fecha carecía de ‘competencia’, pertenece a la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB). Cada una ha optado por dar la batalla por su cuenta y a su manera.
