Cinco empresas optan al concurso de los amarres del puerto del Molinar y del que era el edificio social del club y que podrá albergar un bar o restaurante. Cuatro de los cinco licitantes carecen de experiencia previa en la gestión portuaria y algunas firmas provienen de actividades como la promoción inmobiliaria o la restauración.
Las empresas que aspiran a esta concesión que otorgará la Autoridad Portuaria de Baleares son: J2 Sailing Services S.L., Dega Investments S.L., Palcadar S.L., Gestió Nautica Cinc Illes S.L. y Nautic Assets Developers Team S.L.
J2 Sailing Services, S.L. es una empresa con sede en Binissalem y en el polígono de Son Castelló de Palma conocida en el sector náutico por dedicarse a la reparación de efectos navales y a la fabricación de embarcaciones de regata, sobre todo de la clase Snipe.
La empresa ha realizado recientemente una ampliación de su objeto social para poderse dedicar también a la “gestión del servicio de amarre de embarcaciones de recreo y el servicio de bar-cafetería-restaurante”.
La firma Dega Investments, S.L., constituida en noviembre de 2018, se centraba hasta ahora en las actividades inmobiliarias y también ha ampliado su objeto social para adaptarse a este concurso y ahora también se dedica a “la planificación, promoción, desarrollo de puertos deportivos y clubes naúticos, por sí, en calidad de concesionario o mediante la cesión de los derechos”.
La gestión del edificio del puerto del Molinar, que está incluido en el catálogo municipal de bienes protegidos, donde se podrá ubicar un bar o restaurante, también ha atraído la atención de empresarios de la restauración. Es el caso de Palcadar, S.L., propiedad de la familia Cabrera, que gestiona el Molí d'es Comte y el restaurante Varadero, ubicado en el puerto de Palma y que también es una concesión de la APB.
Nautic Assets Developers Team S.L. también aspira a gestionar el puerto del Molinar. Esta empresa cambió su denominación, anteriormente se llamaba Mobile Applications Developers Team S.L. para introducirse en el sector náutico.
Al frente de la misma está el empresario Federico Rodríguez Cerdá, vinculado como consejero a la firma Desarrollos Concesionales Insulares (DECOIN). Esta empresa obtuvo una de las concesiones que están siendo investigadas por la Fiscalía tras la operación policial en la que fueron detenidos y luego puestos en libertad con cargos el presidente y vicepresidente de la institución, Juan Gual y Miguel Puigserver, respectivamente, y otros tres funcionarios.
Diversas informaciones periodísticas, aparecidas en los diarios locales Última Hora y Diario de Mallorca, relacionan esta adjudicación para la gestión de un puerto deportivo en el puerto de La Savina (Formentera) con una deuda privada de Juan Gual.
