La Conselleria de Medi Ambient del Govern balear está decidida a limitar el fondeo libre en arena, un derecho que su actual responsable, Miquel Mir, se comprometió públicamente a respetar cuando era director general.
El proyecto de decreto del Plan de Gestión Natura 2000 para la Costa de Levante de Mallorca, contra el que se pueden presentar alegaciones hasta el 20 de noviembre, establece que el fondeo será «condicionado» sobre «fondos arenosos» en una larga lista de calas frecuentadas por los aficionados a la náutica. Nunca hasta ahora se había planteado de manera tan directa y por escrito la posibilidad de impedir el uso del ancla en áreas donde no existe riego para la posidonia.
El presidente de la Asociación de Navegantes Mediterráneo, Gabriel Dols, ve con preocupación esta «vuelta de tuerca» en la campaña de restricciones que la náutica viene sufriendo en los últimos años y teme que el Plan de Gestión de la Costa de Levante, de aprobarse, se extienda por todo el litoral balear. «Hay mucha inquietud con algunas normas de este proyecto, especialmente las referentes al fondeo, ya que incorporan nuevas limitaciones que nada tienen que ver con la protección del medio ambiente».
La Conselleria pretende establecer una zona de «fondeo condicionado» sobre arena a una «profundidad batimétrica inferior a 15 metros» en los siguientes puntos de la costa: Cala Falcó, Cala Virgili, Cala Antena, Na Romaguera, Es Domingos, Cala Murada, S’Algar, Portocolom, Cala Marçal, Cala Brafi, Cala Sa Nau y Cala Mondragó. De acuerdo con el plan de gestión, en todos estos lugares «sólo podrán fondear embarcaciones de menos de 16 metros».
En el caso de Cala Mondragó, las cortapisas para largar el ancla sobre arena se amplían a barcos de un máximo de 12 metros y en una zona delimitada entre la Punta des Blanquer y la Punta des Caló des Burgit. Asimismo se prohíbe expresamente el fondeo con ancla de barcos de lista segunda y sexta «de uso recreativo comercial», con independencia de su tamaño y tipología. Este veto de acceso a la popular cala del municipio de Santanyí obedece, en principio, al mero hecho de ser golondrinas o embarcaciones de alquiler, sin que el texto del plan de gestión aduzca ningún criterio de carácter medioambiental.
Dols lamenta que «la Conselleria, una vez más, se ha sacado de la manga una normativa que limita derechos sin ninguna justificación ni estudio que la avale». Esta actitud se hace especialmente patente, a su juicio, en el caso de Portocolom, puerto natural de abrigo de la costa oriental de Mallorca en el que incluso se ha prohibido la instalación de «nuevos campos de fondeo y otros elementos náuticos» sin analizar si el impacto sobre la posidonia procede de otras fuentes, como vertidos de aguas fecales. El presidente de la Asociación de Navegantes hace un llamamiento al resto del sector para que presente alegaciones. «Esto no sólo afecta a los navegantes, sino a toda la industria, empresas de chárter, clubes náuticos, marinas… Es muy importante que vayamos unidos en este asunto, porque, de lo contrario, en pocos años las prohibiciones nos impedirán disfrutar del mar».
«Esto es un destrozo para el chárter»
José María Jiménez, presidente de la Comisión de Chárter Náutico de la patronal marítima APEAM, ha recogido el guante lanzado por Gabriel Dols y ha anunciado la presentación de alegaciones al proyecto de Medio Ambiente. «Con esta normativa nos destrozan, no podemos seguir tolerando que se juegue de esta manera con nuestras empresas sin ni siquiera esgrimir razones. Esto no es manera de legislar».
La otra gran asociación de navegantes con representación en Baleares, ANAVRE, califica la propuesta de la Conselleria de Medi Ambient de «nuevo ataque, uno más», a los aficionados a la mar. «Hace años que el Govern balear tiene a los navegantes en su punto de mira por una especie de extraño prejuicio ideológico. Su postura ante el escándalo de los vertidos de aguas residuales ya nos demostró que sus razones no son medioambientales. No tienen nada de ecologistas, aunque digan que lo son. Prohibir el fondeo sobre arena es una barbaridad y además es ilegal», afirma Jaime Darder, presidente de ANAVRE.
