La Asociación de Navegantes Mediterráneo ha hecho más por el sector ella sola que todo el asociacionismo náutico junto. Tomó la iniciativa en el caso de los vertidos para defender a los usuarios del mar de la campaña de demonización de la Conselleria de Medio Ambiente y sus entidades subvencionadas (ecologistas de salón) y ahora acaba de descubrir que el fondeo libre sobre arena está en peligro. La entidad presidida por Biel Dols promovió las alegaciones al Plan de Puertos y fue la más combativa (en realidad la única, junto a ANAVRE) cuando  el Govern sacó 10 millones de Puertos para tapar el agujero de los Servicios Ferroviarios. Es, en definitiva, la única asociación que defiende al sector en su conjunto. El resto o no hacen nada o están a sus pequeñas luchas particulares. Deberían ponerse las pilas.

El empresario vinatero José Luis Roses dejará su puesto en el consejo de la APB, donde representaba a la Administración General del Estado (sí, a mí me choca tanto como a usted, querido lector), y será sustituido por Ramón Morey, secretario general de la Delegación del Gobierno en Baleares. Al parecer, el nombramiento ha sido una imposición de la delegada, Aina Calvo, que no está dispuesta a ceder el puesto que le corresponde y quiere estar al corriente de lo que pasa en el organismo portuario. Con esta decisión, el «gualato» pasa defintivamente a ser historia.

Se ha hablado poco del alto cargo que acompañaba a la presidenta balear, Francina Armengol, en su noche de copas en plena pandemia. No era otro que Marc Pons, conseller de Movilidad y, a la sazón, presidente de Ports de les Illes Baleares, el equivalente a la APB en versión autonómica. Si usted cree, como este servidor, que la presidenta debería haber dimitido por su falta de ejemplaridad y su intento burdo de tergiversar la realidad, lo lógico es que piense exactamente lo mismo en relación al señor Pons.