La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) anunció ayer la licitación del concurso público para las obras de remodelación del edificio del puerto del Molinar, la que fue la sede social del centenario Club Marítimo.
De forma paralela, el ente portuario ha convocado otro concurso para la explotación de los amarres de la dársena y del citado inmueble, cuya estructura se deberá mantener ya que está protegida al incluirse en el catálogo del Ayuntamiento de Palma.
La APB ha asumido el coste económico de reformar este edificio que ascenderá a unos 1,1 millones de euros para, a continuación, ceder su uso a un concesionario que lo explotará con fines comerciales.
Esta actuación es radicalmente opuesta a las que ha realizado la APB los últimos años en el resto de espacios públicos en los que cede su explotación, ya que normalmente son las empresas que optan al concurso las que acometen, mediante una fuerte inversión, las obras de infraestructuras necesarias que luego tratan de rentabilizar a lo largo de todo el tiempo de su plazo concesional.
En este caso no ha sido así, tampoco en el caso de la dársena deportiva cuyas obras también ha asumido la APB, y se desconocen los motivos que han llevado a los gestores de esta entidad pública a "regalar" más de un millón de euros al futuro concesionario que saldrá de un concurso al que se han presentado cinco empresas.
Del mismo modo, resulta extraño que se licitaran por separado las obras del puerto y las del edificio. Además, se convocó antes el concurso para la explotación del espacio que el de la remodelación del edificio, así que el nuevo concesionario estará cerca de un año y medio sin poder hacer uso de estas instalaciones pero abonando el canon correspondiente.
En la cúspide de esta errática gestión portuaria se encuentra la nota de prensa enviada ayer a los medios de comunicación por la APB. En ella se afirma que, una vez remodelado, el edificio se destinará a "una actividad de restauración genérica en planta baja y dependencias para los socios del club marítimo en planta primera", algo que resulta inverosímil ya que el concurso convocado sí establece el uso de restaurante en la planta baja mientras que estipula que la primera planta se destinará a oficinas de administración y salas de actividades sociales pero que serán gestionadas por el nuevo concesionario. Por tanto, si el Club Marítimo Molinar de Levante, una entidad que está al borde de la desaparición a causa de las decisiones de la propia APB que rechazó sus dos proyectos de ampliación de plazo concesional y también una competencia de proyectos, no se presentó a dicho concurso no parece posible que sus socios vayan a poder utilizar ese espacio.
Este estrafalario anuncio de la APB solo ofrece dos posibilidades, o se está intentando "retorcer" un concurso público ya convocado, algo muy grave y que ya puso en el disparadero a anteriores presidentes del ente portuario, o bien se trata de otra de las maniobras desinformativas de confusión a las que nos tiene acostumbrado esta entidad de gestión poco transparente.
