Los navegantes de Baleares han vuelto a poner en evidencia a la Conselleria de Medio Ambiente del Govern balear, dirigida por el ecosoberanista Miquel Mir, al demostrar que la administración no ha puesto remedio a los vertidos de aguas fecales y residuales en la costa del Levante de Mallorca desde 1985 hasta nuestros días y, sin embargo, pretende implantar medidas restrictivas a la navegación de recreo con el pretexto de proteger los ecosistemas marinos de la zona.

La Asociación de Navegantes ADN Mediterráneo y la Asociación de Navegantes de Recreo (ANAVRE) han presentado oficialmente sus alegaciones contra el borrador de decreto del Plan de Gestió Natura 2000 de la Costa de Llevant de Mallorca, en el que se incluye la polémica propuesta de limitar el fondeo con ancla en arena a embarcaciones a partir de 16 metros.

Los planes de gestión Natura 2000, recuerda ADN y ANAVRE, tienen por objeto la preservación de los hábitats naturales, el único de los cuales reconocido en el litoral este de Mallorca es la posidonia oceánica. Dicho ecosistema ya está regulado por el decreto de protección de esta planta, en vigor desde 2018, y, por tanto, a juicio de los navegantes, “no ha lugar a todas las restricciones y prohibiciones que intenta establecer el plan sobre fondos de arena, ni otras que no se justifican técnicamente”.

El punto fuerte de las alegaciones es el que, una vez más, hace referencia al doble rasero del Govern balear a la hora de adoptar medidas para proteger el medio ambiente marino. Actualmente, señala el recurso de los navegantes, la zona LIC de Punta de n’Amer está afectada indirectamente por la proximidad de 13 puntos de vertido. La situación es aún más grave en la LIC del Área Marina de la Costa de Llevant, donde existen 22 conducciones, 13 de las cuales estarían vertiendo directamente dentro de los límites del área protegida.  

“A través de dichos puntos generalmente se vierten pluviales, pero al no disponer muchas urbanizaciones de red de alcantarillado, las aguas de diferentes tipologías (fecales, residuales, de piscina…) terminan por evacuarse directamente al medio marino, ya sea por los emisarios  o por infiltración a la capa freática desde los pozos negros y, consecuentemente, afectando de manera indirecta al medio por el efecto de la intrusión e intercambio que se produce con el agua de mar”, señalan ADN y ANAVRE, que a renglón seguido revelan que el primer inventario de las conducciones de vertido data de 1985 y no fue replicado hasta 2007, siendo sus datos los oficiales a día de hoy, según el propio Govern balear.

“Llama poderosamente la atención el hecho de que entre 1985 y 2020 no se haya propuesto por parte de la Administración competente en materia de medioambiente un solo estudio de afección de dichos vertidos, y más teniendo la certeza de que mayoritariamente no disponen de autorización y, por lo tanto, son ilegales”, remata el escrito de los navegantes.

El análisis de ADN detecta nueve emisarios submarinos de aguas fecales en los espacios de la Red Natura 2000, “la práctica totalidad de los cuales vierte sobre posidonia y sólo dos disponen de autorización”. La constatación de este hecho lleva a los navegantes a denunciar la “alarmante dejadez del organismo competente en materia de medio ambiente”  y a recalcar que esta actitud de desidia ha supuesto la pérdida de más de 200 hectáreas de posidonia oceánica en la Bahía de Palma por el efecto del emisario del Torrent Gros, según concluye un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

El Plan de Gestión de Llevant no menciona en ningún punto la regularización de los emisarios que carecen de permiso, lo que, a juicio de ADN y ANAVRE, contraviene hasta nueve leyes, órdenes o decretos.  

En cuanto a la restricción del fondeo sobre arena y otras medidas incluidas en el plan, como la prohibición de acceso a calas a embarcaciones de lista sexta (chárter), las alegaciones son contundentes: “Resulta esperpéntico comprobar que se proponen unas medidas sin ton ni son, sin ningún seguimiento y estudio científico previo que las avale. Parece que obedecen a decisiones políticas más que a criterios científicos y técnicos. (…) La preocupación de la Conselleria de Medi Ambient se focaliza casi exclusivamente en  el tema de las embarcaciones e instalaciones portuarias, cuando por sentido común y de justicia debería hacerlo también sobre otras cuestiones  y entre éstas, especialmente, los vertidos”.

Y concluye: “De la lectura de este decreto se desprende que la Administración promotora manifiesta un desprecio absoluto al cumplimiento de la normativa aplicable en materia de Costas, Medio Ambiente y Puertos, por lo que instamos a que ella misma la cumpla. No se hace necesario transcribirla al detalle, puesto que no queremos que se considere impertinente nuestro ofrecimiento”.