Francesc Antich se expresa con cautela. Es consciente de que ha accedido a la presidencia de la Autoritat Portuaria de Balears (APB) en un momento sumamente complicado, tras la detención de la cúpula directiva de este organismo en una operación contra la corrupción. Reitera una y otra vezque  su actuación se regirá por lo que «permita la normativa del Estado» y se muestra dispuesto a alcanzar acuerdos de consenso en lo proyectos que afecten a Baleares y a sus ciudadanos.

Pregunta.– Juan Gual dejó su cargo tras ser detenido  en una operación de la Fiscalía Anticorrupción que está bajo secreto de sumario. En esta misma causa están siendo  investigados tres funcionarios que a día  de hoy siguen en sus cargos, uno de ellos como director de la APB. ¿Pone la mano en el fuego por ellos?

Respuesta.– Nos encontramos  en un momento transitorio. La gestión que se está haciendo por parte de estas personas es positiva sin perjuicio de que estamos pendientes de lo que estamos pendientes. No está previsto hacer más cambios hasta que no tengamos noticias. Yo acabo de llegar. Llevamos apenas dos meses y  lo que hemos hecho es trabajar con todo lo que teníamos por delante. Todas las personas de aquí se han puesto a disposición desde el minuto uno y yo he visto una postura muy seria en el trabajo.

P.– El mes pasado se supo que una importante empresa de chárter abandonaba su base en Palma por el elevado coste de los amarres en los  puertos de interés general. ¿Ha previsto la APB algún tipo de ayuda para estos y otros concesionarios, como una rebaja en los cánones y tasas?

R.– Conocemos la problemática y, de hecho, la APB está poniendo en marcha todas las medidas permitidas por el Estado. Estamos haciendo lo posible.  Si esta situación se alarga y no basta con lo adoptado hasta el momento, tendremos que ver qué otras actuaciones podemos llevar a cabo.

P.– ¿Pero se prevé hacer una rebaja de los cánones?

R.– Las previsiones se  tendrán que hacer de acuerdo con lo que permita la normativa. Tenemos aprobados unos cánones y actuaremos siempre según lo que autorice el Estado. Hemos puesto en marcha bonificaciones en algún tipo de operaciones. Es decir, que seremos sensibles con aquello que esté dentro de la normativa.

P.– Otra medida polémica ha sido la implantación de una tasa para las empresas de mantenimiento y reparación de barcos que trabajan en los puertos. Se aprobó en plena pandemia y su antecesor en el cargo se negó a negociar su aplicación. ¿Cuál  es su posición al respecto?

R.– Hemos  mantenido reuniones con empresas y asociaciones. Es un impuesto que está en la Ley y lo tenemos que aplicar. Otra cosa es que busquemos las mejores fórmulas para hacerlo. Estamos negociando con las asociaciones para intentar que esta aplicación sea lo más sensible que se pueda. Sólo nos podemos mover dentro de los márgenes legales.

P.– ¿Le gusta que el área industrial del puerto esté situada  frente a la Catedral?

R.– Existe un cierto consenso en la transformación del puerto, hay una serie de elementos que se han ido planificando por parte de la APB: mover los ferrys hacia el Dique el Oeste, trasladar la actividad de los astilleros hacia los muelles comerciales y reordenar todo el espacio   del contramuelle Mollet.  He  hablado sobre este tema con todas las asociaciones con las que me he reunido. Estamos abiertos a  explicar cómo están estos proyectos y cuáles son las iniciativas de planificación que se van impulsando.

P.– Su antecesor planteó ampliar esta zona, incorporando  la explanada del faro de La Riba mediante una competencia de proyectos, de la que finalmente desistió el consejo. La remodelación del Paseo Marítimo en la zona de La Lonja depende del traslado de Astilleros de Mallorca a esta ubicación. ¿Qué solución piensa darle a este asunto?

R.– Por lo que yo sé, dos empresas se habían presentado a la competencia de proyectos y  todavía no se ha resuelto. En todo caso, lo que sí está claro es que la actividad industrial y la reparación de barcos se quiere trasladar al muelle comercial.

P.– El Club Marítimo Molinar  ha desaparecido y la continuidad del Club Náutico de Ibiza depende de una sentencia del Tribunal Supremo. ¿Cree que los clubes merecen una protección especial?

R.– Hace mucho tiempo que se está hablando de la necesidad de que se lleve a cabo una reforma legal con el fin de  amparar más a los clubes náuticos dentro de la Ley de Puertos del Estado. De hecho, la asociación de clubes náuticos, en la reunión que tuvimos, nos explicó claramente que estaba trabajando en este tema, porque se trata de una modificación de ley que ampare más a los clubes náuticos.

P.– ¿Cómo se puede  garantizar el acceso al mar de las  economías medias?

R.– La APB tiene la capacidad que redactar concursos con un carácter más social, donde se valoren mucho las tarifas base, como, por ejemplo, en la convocatoria  que se ha hecho en Ibiza sobre la ocupación temporal. Por otro lado, también existe la posibilidad de tener en cuenta  la formación, la actividad deportiva, las regatas… Se pueden hacer unos pliegos más sociales y otros donde las tasas adquieran mayor importancia. Hay que conseguir el equilibrio para que  todo el mundo pueda acceder al mar, pero teniendo en cuenta que las tasas de ocupación significan casi el 50 por ciento de los ingresos de la APB y éstos  nos permiten luego  aplicar bonificaciones a los pasajeros y a las mercancías. Es decir, luchar contra los efectos de la insularidad y sacar adelante proyectos que mejoren las instalaciones del puerto y la interrelación con la ciudad. Por ejemplo, la modificación del Paseo Marítimo tiene un coste de  42 millones de euros que financia  la APB.

P.– Como miembro del PSIB, un partido de corte federalista, ¿no piensa que deberían transferirse las competencias de náutica de recreo a la comunidad autónoma?

R.– El primer lugar donde el Estado impulsó la idea de  cogestión fue  en los puertos, donde el presidente es propuesto por el Consejo de Gobierno y luego ratificado en Madrid; los consejos insulares tiene representantes, el gobierno también… Y esta autogestión permite que la gran mayoría de la inversión repercuta en el territorio. Si hay un elemento federalmente avanzado, es este. Otra cosa es que nos encontremos con el hecho de que hay una normativa náutica de comunidad autónoma y otra  del  Estado.

P.– La pandemia ha demostrado lo necesario que es el turismo de cruceros para Mallorca. ¿Cuál es su postura?

R.– Todavía no he oído a nadie que diga «cruceros no».   El otro día recibimos a una plataforma ciudadana, cuya postura era ver cuántos y de qué tamaños, pero no se negaba a que vinieran. Creo que tenemos tiempo de analizar entre todas las instituciones cuáles son las mejores salidas para preparar la mejor desescalada. Nos siguen entrando peticiones de cruceros para el año que viene y para el siguiente. Todavía no les hemos dado respuesta porque la situación es la que es y son las instituciones sanitarias las que mandan.