La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) descartó en octubre de 2019 solicitar un informe técnico al Centro de Estudios de Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) sobre la reforma del puerto del Molinar. Este dictamen había sido solicitado por el Club Marítimo, antiguo concesionario de la dársena, para que este organismo independiente analizara, entre otras cosas, la idoneidad del dique exento situado frente a la bocana del puerto, en concreto si serviría para solucionar los problemas de agitación de las aguas interiores o si, por el contrario, «resultará perjudicial para la estructura portuaria».
El jefe de la División de Proyectos y Obras, Víctor Darder, y el jefe del Area de Infrarestructuras, Antonio Ginard (ambos de la APB), consideraron que no existía motivación para requerir los estudios del CEDEX, ya que las cuestiones técnicas planteadas por el Club Marítimo (CMML) ya habían sido «estudiadas y respondidas» en el documento oficial denominado «Actuaciones para la mejora de la operatividad y el entorno puerto-ciudad en la dársena del Molinar de Levante».
Según la APB, lo que el CMML pretendía era una «supervisión externa» del proyecto ya aprobado sin aportar para ello «informes ni otros documentos redactados por técnicos competentes en la materia que contrasten la bondad» de las obras.
El polémico dique sumergido, que ha terminado convertido en un islote de casi 60 metros, ya había sido objeto de alegaciones cuando la APB descartó la asesoría del CEDEX. En mayo de 2019, la Capitanía Marítima pidió que la mole emergiera y fuera debidamente señalizada para evitar varadas accidentales. Este cambio ha supuesto un sobrecoste de alrededor de medio millón de euros. Para entonces, Gaceta Náutica había informado de que el dique se había proyectado sin informe de impacto ambiental, a pesar de que su función consiste en modificar las corrientes marinas. La APB alegó que no estaba obligada a pasar este trámite, al ser la promotora una administración pública, del mismo modo que no tiene por qué solicitar la asesoría del CEDEX.
Un portavoz de este organismo dependiente de los ministerios de Movilidad y Transición Ecológica ha explicado a este periódico que, en efecto, no es obligatorio solicitar su intervención y que, en caso de darse, debe ser remunerada por la autoridad que la demanda. Es habitual que el CEDEX realice informes cuando dos administraciones no se ponen de acuerdo sobre la idoneidad de una obra pública, aunque no siempre es así.
La última vez que la APB requirió los servicios del Centro de Estudios de Experimentación de Obras Públicas fue precisamente en octubre de 2019, para simular mediante modelos matemáticos la maniobra de buques en el dique del Dique del Oeste, donde se están desarrollando unas obras de ampliación. La APB pagó 31.372 euros por este informe, cuyos resultados ya han sido entregados para ser tenidos en consideración.
