El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) aprobó en su última reunión, celebrada el pasado 24 de febrero, estimar la reclamación de la empresa contratista de la reforma del puerto del Molinar, ACSA,  a la que pagará una indemnización de casi 200.000 euros por “el retraso de 6 meses en la ejecución de la obra”. En el mismo acto, los representantes del organismo portuario acordaron, por unanimidad, reclamar 124.255 euros al Club Marítimo del Molinar (CMML), antiguo concesionario del puerto, por considerar que esa cantidad se corresponde con su responsabilidad en la demora de las obras. La entidad náutica centenaria fue desahuciada de sus instalaciones y está al borde de la desaparición.

El coste de las obras de remodelación del puerto del Molinar ha superado los 3,6 millones de euros, un 41%más de lo presupuestado inicialmente por la APB, que en su día aprobó dos modificaciones de presupuesto sobre el proyecto original, una de 505.263,75 euros y otra de 551.464,67. Es decir, 1.056.727 euros.

La APB difundió en los medios de comunicación locales la tesis de que la culpa del retraso y el consiguiente sobrecoste era del Club Marítimo por no haber desalojado el restaurante durante el dragado del puerto. Sin embargo, la reclamación aprobada por el consejo muestra que la cantidad atribuida al antiguo concesionario, que éste niega, representa exactamente del 11,7% del sobrecoste. El 88,3% restante atañe a la falta de previsión de la APB, que pretendía, entre otras cosas, construir un dique sumergido y se vio obligada a rectificar cuando la Capitanía Marítima advirtió que esta idea suponía un peligro para la navegación. A consecuencia de ello se tuvo que construir un islote de 57  metros frente a la bocana del puerto, el cual se llevó a cabo sin informe de impacto ambiental.

La propia APB indicó que las causas del sobrecoste se debían, textualmente,  “al deficiente estado estructural de los muelles de la antigua concesión; la ocupación ilegal del edificio histórico por parte del antiguo concesionario; la aparición de un fondo rocoso que no fue detectado durante el estudio geotécnico del proyecto, que obligó a modificar parte de la estructura, y, por último, la sobreelevación del dique exento por petición de Capitanía Marítima”.

Rafael Vallespir, ex presidente del club, asegura que lo que dice la APB no es cierto. “Nosotros no retrasamos la obra, simplemente nos limitamos a presentar los recursos que considerábamos que nos amparaban. En todo caso, fue la propia APB la que decidió iniciar las obras con urgencia sin esperar a que el club agotara las vías legales y desalojara las instalaciones”.

El CMML  solicitó que las obras no se iniciasen sin un informe favorable del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), un organismo independiente del Ministerio de Fomento que analiza la idoneidad y calidad de las obras públicas. El informe no llegó a realizarse porque la APB se negó.

Rafael Vallespir sostiene que el mal estado de los pantalanes “aparecía reflejado en el proyecto de ampliación que el club presentó en su día y por lo tanto la APB debería ser conocedora de esta situación”.

La APB añade, por su parte, que la demolición de los muelles y otros elementos generó un incremento del volumen de residuos de construcción; sin embargo, esos residuos fueron utilizados como material de relleno en las obras de ampliación de la explanada del Muelle de Poniente del puerto de Palma.