El modelo de gestión de los clubes náuticos que facilita el acceso a la navegación a las clases medias está en peligro debido a las trabas que están poniendo las administraciones públicas a la renovación de sus concesiones.
El informe de la Abogacía del Estado realizado a instancias de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) que afirma que el título del Real Club Náutico de Palma (RCNP) es un contrato de gestión de servicios y no una concesión, lo que impediría la de ampliación o prórroga de plazo, es un claro ejemplo.
A él se suma la pérdida de la concesión por parte de una entidad centenaria como el Club Marítimo del Molinar y la judicialización de la competencia de proyectos adjudicada al Club Náutico de Ibiza.
La ofensiva de la Administración contra los clubes náuticos que, al contrario del resto de marinas y puertos deportivos, se caracterizan por carecer de ánimo de lucro, no se limitan a las islas y son evidentes también en la Comunitat Valenciana.
A día de hoy, hay un total de 25 clubes náuticos que gestionan instalaciones náuticodeportivas en la Comunitat Valenciana. De estos, más de la mitad tienen el plazo de concesión vencido y sufren una permanente inseguridad jurídica. Esta situación, según señala la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana “causa perjuicios para la supervivencia de nuestro deporte tan evidentes que impiden cosas tan simples como solicitar competiciones internacionales, o efectuar contrataciones de entrenadores a largo plazo”.
Los clubes que tienen el plazo de concesión vencido y han solicitado a la Generalitat Valenciana una nueva concesión o una prórroga de la que ya tenían amparándose en la Ley de Puertos, pero todavía siguen esperando una respuesta ya que los procedimientos están paralizados sin motivo aparente.
Los náuticos que dependen de Puertos del Estado (Alicante, Valencia, Gandía y Castellón) tampoco escapan a la inseguridad jurídica de sus actuales concesiones administrativas. Bien por tener un título administrativo en precario o a punto de extinguirse, bien por tener un canon de ocupación insostenible.
La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana reitera en un comunicado su apoyo a los clubes y remarca que estas entidades “siguen obligadas a pagar el canon concesional pero no gozan de las ventajas que supone tener años de concesión por delante para, por ejemplo, encontrar vías de ingresos como sería un crédito bancario o la admisión de nuevos socios.


