La fiscal Laura Pellón, encargada de la investigación del caso APB, dejará su plaza en el departamento Anticorrupción de Baleares y se integrará en la nueva Fiscalía Europea (FE), un órgano creado en 2017 cuya función es procesar y llevar ante la justicia a los autores de delitos contra los intereses financieros de la Unión. La jurista viajó a finales de mayo a Luxemburgo para ultimar su incorporación.
El relevo de la representante del Ministerio Público se producirá «de forma inminente», según han informado fuentes judiciales. Pellón, según ha informado hoy el diario Última Hora, no será en la Fiscalía Anticorrupción. Sus casos, entre los que se encuentra el sumario instruido contra la anterior cúpula de la Autoridad Portuaria de Baleares, pasarán a Juan Carrau, quien ya investigara este organismo en el sumario de Mar Blau, asunto que zanjó mediante un acuerdo con los principales implicados para que se declaran culpables a cambio de condenas menores.
El llamado caso APB estalló en julio de 2020, cuando, tras filtrarse que se estaban investigando presuntas irregularidades en la adjudicación de concesiones en los puertos de interés general de Baleares, se procedió al registro de las sedes de este organismo público y a la detención de sus principales responsables: su presidente, Juan Gual; su vicepresidente, Miguel Puigserver; su director, Juan Carlos Plaza; y los funcionarios Fernando Berenguer y Armando Parada. Todos ellos proclaman su inocencia.
El caso permanece bajo secreto y se desconocen los cargos que se imputan a los sospechosos, que quedaron en libertad a las pocas horas de su arresto, sin pasar a disposición judicial.
La causa está siendo instruida por el Juzgado número 3 de Palma, cuya titular, Martina Mora, ha justificado el secreto de las actuaciones por el gran número de personas que podrían estar implicadas, así como por la ingente cantidad de documentos que fueron incautados en los registros.
Un equipo especial de la Guardia Civil se ocupa del análisis de los datos en coordinación con la fiscal Pellón, que, según todo indica, dejará su actual plaza antes de que concluyan las pesquisas y pueda –si procede– presentar escrito de acusación.
Laura Pellón ha estado también al frente de la investigación de la Fiscalía de Baleares en el caso Calanova, en el que recientemente se han formalizado acusaciones por delitos de tráfico de influencias y prevaricación contra el ex conseller de Turismo de Baleares Carlos Delgado y uno de sus altos cargos de confianza, Joaquín Legaza. En este asunto ha trascendido de momento la acusación particular ejercida por la empresa Portals Nights, cuyo abogado, Eduardo Valdivia, solicita para Delgado penas que suman dos años de cárcel y 23 de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
