El asunto de los expedientes está siendo investigado por el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Palma, el magistrado Antoni Rotger, en el marco del caso Mar Blau, donde se indagan supuestos amaños de concursos portuarios y por el que han sido imputados dos ex presidentes de la Autoridad Portuaria, Joan Verger (finado) y Francesc Triay; los ingenieros Ángel Matías y Justo Aguado, también fallecido recientemente, y el empresario Ángel Bustos, uno de los propietarios de Marina Formentera, entre otros.
Jaume Ferrando, que acaba de incorporarse a la APB tras dos años de baja y que en el momento de los hechos (2005) ocupaba el cargo de secretario, también está siendo investigado en el proceso. El pasado 5 de febrero compareció ante el juez para prestar declaración por los presuntos delitos de cohecho, contra el orden socioeconómico y revelación de secretos. El resultado del interrogatorio aparece recogido en cuatro folios que han sido incorporados a la causa.
Ferrando admitió que la devolución de los expedientes le resultó «extraña», hasta el punto que hizo averiguaciones por su cuenta y preguntó al entonces director. A preguntas de su defensa, señaló a «Ángel Matías o Fernando Berenguer» como las personas que pudieron acordarla y eludió su responsabilidad en la custodia de los expedientes. Según el ex secretario, las comunicaciones con los concursantes eran responsabilidad del departamento de explotación, mientras que para los asuntos jurídicos de relevancia -como el concurso de Formentera- se había firmado un convenio con la Abogacía del Estado.
La mayor parte de la declaración de Ferrando versó sobre sus funciones en la APB cuando era secretario. Tras una larga exposición de sus responsabilidades, en la que vino a decir que su trabajo consistía el preparar los consejos de administración y archivar documentos, y donde admitió que es «personal laboral, no funcionario» (a pesar de lo cual afirma que no puede ser despedido), el magistrado Antoni Rotger le hizo ver que parecía más el «bedel» de la APB que el jefe de Secretaría y Asuntos Jurídicos.
Poco antes de terminar su declaración, Ferrando manifestó que estaba «valorando» si iniciaba alguna acción legal contra la empresa Formentera Mar, del grupo Nicolás Mayol, que ejerce la acusación particular en el proceso. La razón, dijo, es que ésta haya «dudado mucho de su profesionalidad», incluso por escrito, a raíz de otro procedimiento administrativo de la Autoridad Portuaria. Estos hechos se produjeron hace un año y medio. Sin embargo, Ferrando lleva dándole vueltas a la denuncia desde hace sólo «un par de meses», según consta en su declaración.
El caso de los expedientes devueltos ha tenido consecuencias muy negativas para la APB, que se ha visto obligada a indemnizar con cuatro millones de euros a la empresa de Ángel Bustos por los perjuicios que le habría ocasionado la anulación temporal de la concesión de Marina Formentera tras una sentencia del Tribunal Supremo. En dicha resolución se afirma que devolver los proyectos a los licitadores de un concurso público contraviene la ley de contratos e impide determinar a los tribunales si el expediente administrativo se ha tramitado conforme a derecho. Vendría a ser como la ruptura deliberada de la cadena de custodia de una prueba, pero en el ámbito administrativo.
El caso Mar Blau mantiene bajo sospecha diversos concursos tramitados en la etapa de Ángel Matías al frente de la dirección de la APB. La incoación de este sumario se ha visto afectada por la sobrecarga de trabajo de la Fiscalía Anticorrupción y las ausencias del juez instructor por motivos laborales.
FE DE ERRORES
En el subtítulo de la información aparecida en la edición impresa de Gaceta Náutica se afirma que Ferrando informó de su extrañeza por la devolución de los expedientes al entonces presidente de la APB, cuando es al ex director, Angel Matías.
