El Club Marítimo Molinar de Levante no pudo presentarse al concurso de sus antiguas instalaciones y sus cuentas fueron embargadas por una sanción que se tramitó de forma negligente y acaba de ser anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

La sentencia, de apenas ocho folios y medio, resuelve escuetamente que la multa, de 60.000 euros, se tramitó fuera de plazo y, por tanto, cabe revocarla y endosarle las costas del proceso a la APB, cuyos servicios técnicos sostenían que el Club Marítimo Molinar había cedido de forma ilegal el espacio del restaurante durante el periodo en que ocupó el puerto con una ocupación temporal.

“Esta sanción –explica Paula Noriega, la abogada que ha llevado la defensa de los intereses del Club Marítimo– forma parte de un grupo de tres multas impuestas por APB que alcanzaban una cuantía total de 135.000 euros. Las otras dos sanciones correrán previsiblemente la misma suerte al haberse dictado en circunstancias similares”.

“La imposibilidad del Club Marítimo de hacer frente al pago de estas sanciones –añade la letrada– fue el principal impedimento para concurrir al concurso licitado durante el verano de 2020 y que le hubiera permitido mantener su localización histórica en la dársena del Molinar”.

Hacienda embargó las cuentas del club a consecuencia de las sanciones, por lo que la entidad se quedó sin fondos para pagar el alquiler de un modesto local en la calle Reyes Católicos en el que poder reunir a su junta y a los socios que aún le quedan.

La concesión del puerto del Molinar sigue pendiente de adjudicación por parte del consejo de administración de la APB. Una de las cinco empresas que inicialmente se presentaron al concurso fue creada ad hoc, otra se dedicaba anteriormente a la restauración, otra a la inmobiliaria, otra cambió su denominación y objeto social para poder concurrir al certamen y la quinta construía barcos. Ninguna tiene experiencia previa en gestión portuaria.  

La sentencia del TSJB es el segundo varapalo judicial que recibe la APB en apenas dos días, después de que ayer trascendiera que la titular del Juzgado de Instrucción número 3, Martina Mora, ha decidido imputar formalmente a su expresidente, Juan Gual, y al que hasta hace poco fue su director, Juan Carlos Plaza, en una de las piezas separadas del caso Puertos. Ambos, junto a otros funcionarios, están siendo investigados por un presunto amaño en la adjudicación de unos amarres en Mahón a la empresa Marina Asmen.

Juan Gual, destituido a consecuencia de su detención el 24 de julio de 2020 en una operación de la Fiscalía y la Guardia Civil, se comprometió en 2017 a renovar por 50 años la concesión del Club Marítimo Molinar de Levante (CMML) si éste –como así hizo– retiraba su segundo proyecto de ampliación, el cual contaba con el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente y había sido avalado por los responsables insulares de Puertos en la anterior legislatura.

Según consta en un audio al que tuvo acceso Gaceta Náutica, Gual garantizó la continuidad del club durante medio siglo. La grabación es de febrero de 2017 y en ella el ex presidente de la APB afirma lo siguiente: «La Autoridad Portuaria recoge esta retirada del proyecto de ampliación del Club Marítimo, proyecto que era inviable, y acepta una nueva propuesta que ha de ir orientada a mantener el número de amarres, por el cual este club se puede incluso garantizar 50 años más de su existencia y seguir disfrutando, pues, de la práctica del deporte en este rincón de Palma tal como está ahora».

Gual no cumplió esta promesa y promovió, de hecho, las sanciones que posteriormente impidieron al Marítimo presentarse al concurso, además de protagonizar un extraño episodio con el presidente del club, Rafael Vallespir, quien en marzo de 2019 le denunció ante la Jefatura de Policía por fotografíarle junto a su hija menor de edad y luego enviarle las imágenes por WhatsApp. 

"Fui a contar unas barcas en el Molinar y saqué unas fotografías en las que salían también ellos. No había ninguna intencionalidad de nada y mucho menos de coaccionar. Es verdad que se las envié por Whatsapp, pero no es una intimidación ni mucho menos", alegó Juan Gual en declaraciones a Última Hora. La denuncia fue finalmente archivada.