La APB dejó de ingresar 300.000 euros, aproximadamente, por el presunto amaño de la adjudicación de un puerto deportivo en Mahón a la empresa Marina Asmen, formada por diferentes sociedades del sector náutico menoquín. Así lo sostiene la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, en el auto que levanta parcialmente el secreto de sumario del caso Puertos, en el que han sido imputados el ex presidente de la APB, Juan Gual, y su ex director, Juan Carlos Plaza, entre otros.
La magistrada señala que “la adjudicación del concurso a favor de Marina Asmen supuso la pérdida de importantes ingresos en concepto de tasas para la APB, organismo público, pues la cantidad que el finalmente adjudicatario ofertaba por dicho concepto era notablemente inferior a la de los otros licitadores”.
De la investigación se desprende, además, que la empresa adjudicataria “ha obtenido relevantes ingresos derivados de dicha actividad por conceptos no sólo no amparados sino totalmente contrarios a las condiciones de la concesión, resultando de las diligencias practicadas que la APB (especialmente los investigados) tenía conocimiento de dichos extremos sin que conste ninguna actuación correctora efectiva al respecto”.
Existen indicios, por otro lado, que ponen de manifiesto que “la actividad realmente desplegada por la empresa adjudicataria no se corresponde con los pliegos ni tampoco responde a una función social, sino más bien al interés económico particular de las empresas del sector que la integran y que se ve directamente beneficiadas por los entonces máximos responsables de la APB en detrimento de la legalidad”.
A pesar de la investigación en curso, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) volvió elegir el pasado mes de mayo la propuesta presentada por la empresa Marina Asmen S.L como la solución más adecuada en el concurso público convocado para la gestión de puestos de amarre y de taller en el muelle de Poniente del puerto de Maó.
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Nota importante: El contenido de esta información no responde a una sentencia firme, sino a un auto que se publica en la fase de instrucción del proceso y, por tanto, es la tesis inicial de los investigadores. Todas las personas y entidades nombradas en ella conservan su presunción de inocencia.
