Principio de “entendimiento” entre la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y el sector de la reparación de embarcaciones para minimizar el impacto del “tasazo” en las empresas y autónomos que trabajan en los varaderos de los puertos de Palma, Ibiza, Mahón, Alcúdia y Formentera. Los técnicos del ente portuario se han mostrado dispuestos a estudiar las propuestas de la Asociación para el Desarrollo Náutico de Empresas y Autónomos (ADNEA) relativas a las condiciones para la fijación de las fianzas, los seguros medioambientales y la base de la tasa. La negociación bilateral está en fase inicial y cualquier acuerdo requerirá el refrendo por parte del consejo de administración de la APB, pero todo apunta a que podría llegarse a una solución consensuada antes de final de año.

Una parte del sector, representada por la Asociación de Empresas Náuticas de Baleares (AENIB), no está participando en las reuniones para concretar el pliego y ha preferido recurrir el pago de la tasa por la vía de los tribunales alegando que no está justificada e impide el desarrollo de la industria náutica en un momento especialmente delicado, debido a la pandemia de Covid-19. AENIB no quiere oír hablar de tasa. 

ADNEA ha adoptado una posición “más pragmática” y desde hace semanas negocia reducir el impacto de la tasa con tres reivindicaciones sobre la mesa del Departamento de Explotación de la APB: a) que las sociedades con poco más de diez empleados no sean consideradas “grandes empresas” (lo que las obligaría a depositar una fianza de 10.000 euros anuales por cada puerto en el que trabajen); b) que el seguro medioambiental sólo sea necesario en aquellos varaderos que carezcan de uno propio; y c) que la tasa de actividad se aplique sobre la obra y no sobre los suministros.  La APB ve “razonable” ceder en estos puntos y llegar a un acuerdo que pacifique al menos a una parte del sector mientras se sustancia la demanda de AENIB.

La tasa vigente, aprobada el pasado mes de julio, obliga a las empresas de reparación y mantenimiento a pagar a la APB un 1,5% de su facturación total, y ha depositar diferentes cantidades por adelantado para obtener la licencia de actividad.

El nuevo presidente de la APB, Francesc Antich, se ha propuesto mejorar las relaciones con el sector tras la etapa frentista del destituido Juan Gual, que se negó a cualquier negociación del “tasazo” y rompió relaciones con entidades de un gran peso social, como la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB). Gual se parapetó tras la figura de su vicepresidente, Miguel Puigserver, consignatario con numerosos intereses en el puerto y ex presidente de la patronal marítima, al que nombró su vicepresidente. Ambos fueron detenidos y puestos en libertad con cargos en una operación de la Fiscalía Anticorrupción.

Antich se ha reunido con casi todos los agentes náuticos y les ha trasladado su voluntad de dialogar con sus representantes. Ha dejado claro, no obstante, que sus interlocutores son las asociaciones legalmente constituidas, en ningún caso los concesionarios.

El nuevo presidente ha dado su consentimiento para negociar unas condiciones de la tasa a la industria de reparación que sea satisfactoria para ambas partes, se acoja a la legalidad y no frene el desarrollo del sector náutico.