Más de 300 amarristas de gestión directa abarrotaron esta tarde el Port Centre de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) en Palma, en una reunión informativa organizada por la recién creada Plataforma de Amarre Social del Puerto de Palma. La movilización, que ya cuenta con 362 miembros en un grupo de WhatsApp, rechaza incorporarse a la futura concesión del Club Nàutic Portitxol y aboga por mantener su dependencia directa de la APB.
Durante el acto, los asistentes ratificaron a Llorens Riutord y Bartomeu Calafell como portavoces. Riutord declaró: “Queremos seguir perteneciendo a la APB. Nos van a tener que hacer caso porque hemos conseguido crear esta plataforma en solo dos semanas. Nos interesa seguir dependiendo directamente de la APB, que nos da una seguridad que no tendremos si nos unimos al club”. También advirtió del riesgo de que la privatización de la gestión de los los amarres del Portitxol provoque un “efecto dominó” que afecte a otras áreas de gestión directa como San Magín y Can Barbará.
Calafell, por su parte, trasladó tranquilidad a los asistentes y agradeció la disposición al diálogo del organismo que gestiona el puerto de Palma: “La APB nos ha asegurado que nos quedaremos en el mismo amarre y pagaremos lo mismo. Contamos con vosotros para mantener la náutica social en Baleares”.
Controversia sobre los derechos de herencia
Uno de los puntos más debatidos de la reunión fue la posibilidad de transmitir los amarres como herencia. Los portavoces aclararon que, según el reglamento actual de la APB, los derechos pueden ser legados si están incluidos en el testamento o en un certificado de últimas voluntades.
Miedo a las derramas
Riutord destacó que el proyecto del Club Nàutic Portitxol, cuyo coste estimó en 9 millones de euros, implicará derramas significativas para sus socios y una cuota de entrada de 6.000 euros a fondo perdido para los nuevos miembros. Además, alertó de que aceptar las condiciones del club podría llevar a que, dentro de 15 años, si la entidad obtiene finalmente la prórroga solicitada, los amarres salgan a concurso y los usuarios se vean privados de un derecho que, en la actualidad, no tiene límite temporal.
La plataforma se reunirá mañana con representantes de la empresa pública Ports IB, gestora de los puertos autonómicos, ante la perspectiva de que en un futuro se produzca la transferencia al Govern balear de la dársena del Portitxol por parte del Gobierno central.
