El abogado Javier Jiménez Cisneros, uno de los denunciantes del caso Puertos que ha derivado en el procesamiento de 12 personas (entre ellas el expresidente de la APB Juan Gual y una abogada del Estado), es socio de la empresa que ha impugnado las bases del concurso del puerto de Botafoch ante la Secretaría para la Unidad de Mercado, organismo dependiente del Ministerio de Economía
El letrado madrileño posee el 20% de la sociedad limitada Servicios Portuarios Botafoch (SPB), en nombre de la cual ha presentado un recurso contra las condiciones que establece la licitación para la gestión y explotación de los amarres, la estación de suministro de combustible, el varadero y los locales comerciales del puerto de Botafoc, en Ibiza, al considerar que no garantizan la libre concurrencia. También son socios de SPB el abogado Joaquín Verdegay de la Vega y las sociedades Marina de Formentera e INDEISLA, en cuyo accionariado aparece el empresario radicado en Formentera Ángel Bustos.
Las bases publicadas por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) contemplan la prohibición de concurrir en Unión Temporal de Empresas (UTE), la exigencia de un patrimonio neto mínimo de 5 millones de euros y la obligación de haber gestionado previamente una instalación con al menos 350 amarres, requisitos que Cisneros y sus socios de SPB entienden como arbitrarios y desproporcionados.
El recurso de SPB denuncia que “la exigencia de un volumen anual de negocio y patrimonio tan elevado para la explotación de unas instalaciones náutico deportivas limita de tal forma la competencia que únicamente permite a unos pocos operadores presentarse a este concurso”. Y señala, directa y textualmente, a dos empresas: “En realidad, [las bases] sólo permitrían presentarse, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Baleares, a las dos empresas citadas: OCIBAR y SEMAR, que, mira tú que casualidad (sic), son socios y miembros de la UTE que ha resultado adjudicataria de la concesión de la Marina Rey Juan Carlos I de Valencia. Es decir, sólo se pueden presentar los dos socios en Valencia que serán los únicos que cumplan los requisitos del concurso impugnado”.
El concurso de Botafoc, publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares el pasado 12 de diciembre, corresponde a una autorización ocupación temporal por un periodo de tres años mientras se tramita el Plan Especial del Puerto de Ibiza, a partir de cuya aprobación se podrá realizar una adjudicación por un plazo mayor.
El puerto de Botafoc tiene 97.417,30 m² de dominio público portuario (54.427,10 de espejo de agua y 42.990,20 de superficie terrestre) y actualmente cuenta con 432 puestos de amarre distribuidos en cinco pantalanes, junto a una zona de varadero y varias edificaciones destinadas a locales comerciales. Entre las instalaciones también se incluye una estación de suministro de combustibles.
Cisneros ha presentado su recurso directamente ante la Secretaría para la Unidad de Mercado. Se trata de un órgano dependiente del Ministerio de Economía que fue creado en 2013 dentro de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. Esta norma señala que “cuando exista alguna disposición de carácter general, acto, actuación, inactividad o vía de hecho que pueda ser incompatible con la libertad de establecimiento o de circulación (…), cualquier persona física o jurídica podrá dirigir reclamación a la Secretaría para la Unidad de Mercado en el plazo de un mes”.
