El fondo de inversión socio de LaLiga ha iniciado su desembarco a lo grande en la Primera División de la náutica española. CVC Capital Partners, el fondo británico/luxemburgués que en 2021 firmó un acuerdo histórico con el organismo que gestiona la principal competición del fútbol nacional, aportando 1.994 millones de euros a cambio de un 10% de sus derechos audiovisuales por 50 años, ha extendido su radio de acción a la explotación de puertos deportivos en España. Baleares, la joya de la corona del Mediterráneo, está en su punto de mira.
CVC cuenta con presencia en otros sectores como la moda, el lujo, el deporte y el entretenimiento. El fondo británico controla, entre otras, la empresa Tendam, propietaria de marcas como Springfield y Cortefiel, y la prestigiosa firma relojera Breitling. En el ámbito deportivo, su influencia se extiende al Trofeo Seis Naciones de Rugby y a la WTA, el circuito internacional femenino de tenis.
En su estrategia de expansión, CVC ha puesto ahora el foco en el sector náutico español a través del grupo griego D-Marin. El pasado mes de febrero, según adelantó Gaceta Náutica, esta empresa se hizo con la explotación de 70 amarres en el muelle de la Cuarentena del puerto de Palma por 2,2 millones de euros anuales, una cifra sin precedentes en la historia de las concesiones portuarias en Baleares, teniendo en cuenta que se trata de una instalación muy pequeña.
El canon anual que deberá abonar D-Marin a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) equivale a una media de 2.600 euros por cada plaza de amarre, coste al que hay que añadir los gastos de explotación y el margen comercial. Esta oferta supera en medio millón de euros la propuesta económica del Grupo IPM, del empresario balear Juan Antonio Riutort, anterior concesionario.
Sin embargo, la operación más relevante de CVC y D-Marin en España tuvo lugar en el puerto de Barcelona el pasado 10 de marzo. En un giro inesperado de los acontecimientos, la sociedad griega, con 20 años de experiencia en el sector portuario, y el poderoso fondo de inversión británico lograron hacerse con el control de la concesión de Marina Vela, desplazando al industrial Alejandro Entrecanales, quien había anunciado la compra sin prever que uno de los socios minoritarios, el mallorquín Nicolás Mayol, contaba con un derecho de adquisición preferente. Esta acción fue ejercida en el último instante tras un acuerdo con CVC y D-Marin, permitiendo a la alianza británico-griega quedarse con una participación no revelada, pero sustancial, de la gestión de una de las marinas más emblemáticas del Mediterráneo, situada en la bocana del puerto de Barcelona.
CVC Capital Partners tiene su sede en la isla de Jersey, un territorio considerado por la Agencia Tributaria española como paraíso fiscal debido a su “baja carga impositiva y la competencia desleal” que esto genera con empresas radicadas en España.
Antes de estas adquisiciones, D-Marin ya había dado un primer paso en 2023 con la incorporación a su portfolio de tres marinas en Estepona, Manilva y Almuñécar, en Andalucía. En aquel momento, su director general en España, Rafael Aznar, reveló en declaraciones a La Opinión de Málaga la intención del grupo de seguir expandiéndose con el objetivo de consolidar una oferta de “destinos premium” para la náutica de lujo. El tiempo está confirmando aquellas palabras.
Empresas locales del sector portuario han manifestado su preocupación ante la entrada de este gigante de la inversión global. Consideran que el modelo de concesiones basado exclusivamente en la mejor oferta económica les impide competir en igualdad de condiciones con fondos de inversión que operan desde jurisdicciones con fiscalidad mínima y cotizan en bolsa. En su opinión, deberían ponderarse otros criterios, como las inversiones comprometidas, las tarifas aplicadas y el impacto en la comunidad local.
Bartomeu Bestard, presidente y CEO de Alcudiamar, una de las marinas más consolidadas de Baleares, no ha ocultado su preocupación por el rumbo que está tomando el sector: “Hay que buscar la manera de garantizar que [los licitantes] sean operarios portuarios contrastados y no empresas situadas en Jersey u otros lugares del mundo, cuyos intereses no parecen coincidir con los de la náutica deportiva”, ha declarado a Gaceta Náutica Radio. Bestard también defiende que las empresas nacionales, que han invertido durante años en el desarrollo del sector, vean reconocido su fondo de comercio.
En la misma línea se expresaba en su día Miquel Suñer, expresidente de los clubes náuticos españoles y figura histórica de la náutica balear, quien hace dos años resumía la situación con una de sus conocidas sentencias: “No es de recibo que nosotros hayamos construido el puerto, lo hayamos llenado de barcos y hayamos creado la marca náutica de Baleares para que ahora venga una gran empresa de fuera a darle a la máquina registradora”. Los clubes náuticos, entidades sin ánimo de lucro, son los grandes amenazados por el poder de los fondos de inversión: “Nuestro modelo no puede luchar contra estas gigantescas multinacionales. O la administración reconoce nuestra labor social y deportiva, y nos protege, o estamos perdidos”.
