Me llega un amable correo informándome de que la empresa Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS), adjudicataria del antiguo Club Náutico de Ibiza (CNI), está construyendo un pantalán flotante de diseño innovador en Alicante. Asegura mi amable y estimado remitente —ingeniero naval y persona de competencia contrastada— que se trata de “una impresionante obra de ingeniería digna de reseñar” y que su traslado e instalación —con retraso, esto lo añado yo— requerirá una compleja operación logística y técnica. El mensaje responde a una noticia que publiqué el pasado sábado sobre posibles incumplimientos de este concesionario en materia deportiva y de plazos.

Le respondo que me parece muy bien. Toda mejora en la seguridad de las instalaciones náuticas es bienvenida. Pero que conste: este avance  no disipa ni una sola de las sombras que pesan sobre el proyecto deportivo de PyLS, que es lo que a mí de verdad me interesa.

Vaya por delante algo que pienso con carácter general: me parece abusivo que las autoridades portuarias, ya sea la estatal o la autonómica, endosen a los licitantes de sus concursos obras que deberían correr a cuenta de sus estratosféricos beneficios. Una cosa es que la ordenación de la lámina de agua la asuma quien va a explotarla, y otra muy distinta que se traslade a los adjudicatarios la factura de diques, espaldones o estructuras necesarias para garantizar la seguridad del puerto.

Dicho esto: encargar un pantalán, por muy moderno que sea, puede hacerlo cualquiera que tenga dinero. Lo difícil, por lo que se está viendo, es presentar y ejecutar un programa deportivo digno de lo que durante décadas han ofrecido clubes náuticos como el de Ibiza.

Las comisiones técnicas que valoran los concursos están integradas, en su mayoría, por ingenieros de caminos, canales y puertos. Profesionales que saben mucho de hormigón, de muelles, de forjados y de estructuras, qué duda cabe, pero que no tienen —y lo sé porque he hablado con varios de ellos— la menor idea de lo que supone organizar una regata o sostener un equipo de competición. No saben del personal que hace falta, ni de la logística, ni de los conocimientos, ni de la experiencia, ni del compromiso que requiere todo eso. Así se explica que el ganador del concurso de Ibiza, que obviamente carecía de licencias deportivas, pudiera permitirse el lujo de presentar como propio el programa de regatas del club, con sus pruebas, sus fechas e incluso los patrocinadores habituales, sin que ninguno de los técnicos se diera cuenta del plagio.

Como es lógico, ese programa no se ha ejecutado (a pesar de que el concesionario está obligado a ello) porque lo ha seguido haciendo el Club Náutico de Ibiza, con recursos menguantes y en una situación económica precaria tras perder, después de un siglo de historia, la concesión que le permitía sostener su actividad.

Aquí no se trata de salvaguardar a los clubes náuticos porque sean antiguos, o porque su nombre nos suene a tradición. Se trata de proteger una labor de utilidad pública que otros operadores no saben, no quieren, no pueden o, sencillamente, no les interesa asumir: la formación deportiva, la promoción del deporte base, el acceso al mar… Un pantalán lo puede encargar cualquiera; el deporte es otra cosa.

Este interminable conflicto entre clubes y algunas empresas (no todas, ni mucho menos) es muy sencillo de resolver, pero requiere voluntad y definición: si quieres que el deporte náutico siga existiendo, le reservas espacios en el puerto y permites que lo gestionen quienes saben y quieren hacerlo. Más fácil, imposible. Seguro que hay otros lugares para que empresas cuya legitimidad jamás pondrá en duda esta publicación puedan desarrollar su modelo de negocio —que es otro— y construir, si les place, magníficos diques de protección que, repito, deberían correr a cuenta del erario.