Koldo García formó parte del Consejo Rector de Puertos del Estado y cobró 2.327 euros por cada una de las ocho reuniones a las que asistió. No han trascendido las actas de esos consejos, por lo que es imposible saber si el lugarteniente de Ábalos, cabecilla de la llamada trama de las mascarillas, se limitó a disfrutar de una canonjía y a poner el cazo, o tuvo alguna clase de intervención en las deliberaciones; si estaba incrustado en el organismo que regenta los puertos nacionales para recabar información sobre contratos y concesiones que incorporar a la urdimbre socialista, o si disponía de capacidad para influir como mano derecha del todopoderoso ministro de Transportes y, a la sazón, número 2 del partido gobernante.
Sabemos que Puertos le endosó una partida de mascarillas a su subordinada Autoridad Portuaria de Baleares (APB) por importe de 80.000 euros, cantidad chistosa que palidece ante la dimensión, la impudicia y la mugrez del latrocinio perpetrado durante el Sanchato, pero que quizás nos dé una pequeña pista. También sabemos que Koldo cita crípticamente en una de sus conversaciones a un importante naviero de conocida adscripción socialista, accionista del deficitario Grupo Prisa, para más señas.
Ahora que la dimensión del caso PSOE (sólo los acróbatas gubernamentales de la información hablan a estas alturas de caso Ábalos) ha trascendido la simple compra de las mascarillas absurdas que unos expertos inexistentes nos obligaron a utilizar en espacios abiertos y ha dado el salto a las concesiones estatales, a las aguas profundas de los grandes escualos, no cabe otra que preguntarse por la limpieza de los contratos y operaciones llevadas a cabo durante este oscuro periodo en los puertos españoles. Sería, desde luego, muy extraño que semejante pelotón de presuntos hampones, de cuya tenebrosa ralea dan fiel testimonio las escuchas intervenidas por la Guardia Civil, no hubiera intentado meter mano a un pastel tan jugoso y rentable.
No olvidemos que, durante este periodo de indecencia, han ocurrido algunas cosas en nuestro entorno salino que llamaremos simplemente anómalas para no entrar en terrenos demasiado pantanosos, y que no citaremos en un ejercicio de precaución periodística, siendo este un artículo de opinión. Seguro que muchos lectores sabrán a qué me refiero.
Tampoco podemos sustraernos a la legítima sospecha quienes aún conservamos cierta memoria sobre los hediondos trapicheos de aquel caso Mar Blau, cuya instrucción se cerró con indicios de “corrupción sistémica” —de alcance muy superior al que había podido determinar la investigación judicial— y terminó con un vergonzante pacto de conformidad entre la Fiscalía y los procesados que impidió a los ciudadanos de estas islas conocer las razones por las que un alto funcionario de los puertos de Baleares guardaba decenas de miles de dólares en metálico debajo de una baldosa, o con qué dinero había conseguido comprar un piso de lujo en una parcela recalificada de Es Portitxol.
Y no ayuda a ser bien pensado ni tranquiliza el espíritu, precisamente, que un juzgado de Palma lleve cinco años investigando prácticas corruptas en las delegaciones baleares de Puertos del Estado, incluida una pieza contra una representante de la Abogacía del Estado.
Cuesta mucho trabajo creer que los puertos hayan permanecido al margen del gran golpe que el PSOE ha perpetrado contra el erario español, pero quién sabe: quizás, entre las muchas habilidades de Koldo García —portero de discoteca, conductor, matón, custodio de avales y alcahuete— se contará también la de experto en Derecho Portuario, y de ahí su incorporación como consejero al máximo órgano de decisión de los puertos nacionales.
