Observo con profunda preocupación el rumbo que está tomando la reacción a la nueva normativa que permite el cambio temporal de uso de embarcaciones de recreo de privado a comercial.

El sector náutico del chárter contempla, con legítima inquietud, la posible alteración del equilibrio entre oferta y demanda. La normativa abre la puerta a un incremento potencial de embarcaciones disponibles, al permitir que las de lista séptima (uso privado) pasen temporalmente a lista sexta (uso comercial). Esta medida se introduce en un contexto de caída de la demanda, lo que podría provocar una bajada significativa de precios. Además, preocupa que particulares entren en el mercado ofreciendo embarcaciones a las empresas operadoras a precios que distorsionen el entorno competitivo, afectando la viabilidad de empresas consolidadas.

Sin embargo, cabe preguntarse: ¿realmente se multiplicarán las embarcaciones en tiempo y espacio? ¿Las embarcaciones de lista sexta son propiedad de empresas o de particulares que las ceden a empresas para su gestión? Muchas embarcaciones de chárter ya pertenecen a particulares y son gestionadas profesionalmente. En un mercado basado en la libertad de empresa, debemos apelar a la racionalidad y evitar dejarnos llevar por la emoción. La solidaridad con las empresas del sector es loable, pero no debe sustituir un análisis sereno y fundamentado.

Es imprescindible realizar un estudio de impacto riguroso. No existen datos que estimen cuántos propietarios en Baleares estarían dispuestos a cambiar de actividad temporalmente, ni estadísticas sobre el tránsito entre listas séptima y sexta en los últimos años. Esta carencia de información objetiva alimenta la especulación y la alarma. Se ha advertido sobre una posible masificación náutica y mayor presión sobre la costa, pero estas afirmaciones carecen de respaldo analítico sólido.

Lo más preocupante es que se han entregado argumentos a quienes buscan criminalizar al sector y, ahora, también a nuestros clientes. El mensaje que se transmite es negativo. La cuestión se ha abordado como instrumento de confrontación política, desviando el debate del plano técnico y operativo, donde debería centrarse. Se alerta sobre la aplicación de la norma sin explicar adecuadamente sus condiciones y limitaciones, lo que genera un “efecto llamada” preocupante. Algunos propietarios podrían pensar que pueden alquilar sus embarcaciones de forma inmediata, sin cumplir los estrictos requisitos exigidos.

La Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante del 17 de julio de 2025 establece claramente que, para el cambio temporal de uso, las embarcaciones deben estar matriculadas en lista séptima, contar con certificados, disponer de seguro de responsabilidad civil que cubra daños corporales y materiales, y ser gestionadas por una empresa dedicada al arrendamiento náutico. La autorización se concede por un máximo de tres meses consecutivos al año. Estas condiciones distan mucho de ser un simple trámite.

No se puede equiparar esta medida con un “Airbnb náutico”. El alquiler turístico legal no es el problema; el verdadero reto es erradicar la oferta ilegal. Es necesaria una coordinación institucional efectiva. El Estado es uno, y las disputas competenciales deben resolverse desde la política, no instrumentalizando medidas que pueden dañar gravemente al sector. Además, el Govern dispone de herramientas suficientes para incidir y controlar esta actividad a través de la gestión del dominio público donde se ubican las embarcaciones.

Por otro lado, hablamos mucho de ecología, pero promovemos la creación de un parque de embarcaciones cuyo uso es limitado en el tiempo. ¿No sería más ecológico y sostenible optimizar el uso de la flota existente? Mejorar su utilización podría ser un argumento a favor de la sostenibilidad. Este es un debate de pros y contras.

Más allá de esta normativa, lo verdaderamente eficaz para proteger al sector es reforzar la vigilancia y los mecanismos de control sobre el chárter ilegal, que persistirá con o sin esta medida si no se actúa con contundencia. Debemos recordar que, en comparación con Europa, nuestra fiscalidad diferenciada ha provocado la deslocalización de la industria náutica, especialmente la de fabricación. Somos campeones en regulaciones y limitaciones, mientras que otros países comunitarios juegan con reglas distintas. El debate debe volver al plano técnico y operativo, lejos de presiones políticas, y centrarse en resolver los verdaderos desafíos del sector.

Debemos evitar que acciones bienintencionadas se conviertan en fuentes de inestabilidad para la náutica.