Un grupo de socios del Club de Vela de Andratx ha impulsado la nueva Associació d’Usuaris i Amarristes del Port d’Andratx, una entidad que nace con el objetivo de defender los intereses de los usuarios del puerto y alertar sobre el proceso de gentrificación que, a su juicio, afecta cada vez más a las instalaciones portuarias de Baleares. La organización reclama a las administraciones que revisen el modelo de concesiones para garantizar el acceso de los usuarios locales al mar.
La constitución de la asociación se produce tras la pérdida de la concesión histórica del Club de Vela del Port d'Andratx, que había gestionado las instalaciones desde 1968, y su adjudicación a la nueva marina Marina Port d’Andratx. Los promotores temen que cambio de gestión pueda traducirse en un aumento de los precios de los amarres y en la progresiva sustitución del usuario local por embarcaciones de mayor poder adquisitivo.
El presidente de la asociación, Toni Oliver, advierte en declaraciones a Gaceta Náutica, recogidas en el audio que acompaña esta noticia, de que el fenómeno no es aislado. Según explica, la subida de costes y la transformación del modelo portuario están provocando que cada vez resulte más difícil para los residentes mantener su embarcación en puertos de Baleares. En su opinión, la situación reproduce en el ámbito náutico un proceso similar al que se ha producido en el mercado de la vivienda.
La nueva entidad se propone actuar como interlocutor ante Ports de les Illes Balears y otras administraciones públicas, además de supervisar la actuación de la concesionaria, informar a los usuarios sobre cambios en las condiciones de los amarres y estudiar posibles vías de defensa colectiva. Sus impulsores señalan que hasta ahora muchos usuarios del puerto no contaban con un órgano específico que representara sus intereses.
La asociación también ha hecho un llamamiento a titulares de amarres, profesionales del puerto y ciudadanos vinculados al Port d’Andratx para sumarse a la iniciativa. Su objetivo es trasladar a las administraciones la necesidad de incorporar en los concursos públicos criterios que protejan el acceso de la población local a los puertos, evitando que estos espacios queden reservados únicamente a embarcaciones de alto nivel económico.