El presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Juan Gual, tendrá la competencia para resolver los procedimientos de caducidad de las concesiones administrativas otorgadas sobre dominio público portuario. Esta facultad recaía hasta ahora en el Consejo de Administración del organismo responsable de los puertos de interés general (Palma, Alcúdia, Mahón, Ibiza y Formentera), en el que están representadas las principales administraciones autonómicas y municipales, así como patronales, sindicatos y el gobierno central.
El cambio de competencia se acordó, precisamente, en el Consejo de Administración de la APB celebrado el pasado 21 de diciembre de 2016, si bien no ha aparecido publicado en el Boletín Oficial del Estado hasta hoy, 1 de febrero.
Juan Gual ha declarado a Gaceta Náutica que la medida pretende “agilizar” la burocracia relativa a los expedientes de caducidad y que está siendo adoptada “en toda España”.
Fuentes jurídicas han mostrado su extrañeza por el hecho de que el presidente de la APB haya aceptado cargar sobre sus espaldas las eventuales responsabilidades derivadas del ejercicio de una competencia que antes correspondía a un órgano colegiado. “Es sorprendente, puesto que los procedimientos de caducidad suelen ser complicados, requieren de un informe del Consejo de Estado y pueden tener consecuencias económicas muy importantes”, ha señalado un letrado experto en derecho portuario, quien ha reconocido que la delegación de competencias es legal y normal en “asuntos menores”, como recursos de escasa cuantía. “Lo novedoso del anuncio del BOE –ha añadido– es que dicha delegación sea por algo tan importante como resolver la caducidad de la concesión de un puerto. No conozco ningún precedente”.
La otorgación de ‘poderes’ a la presidencia de la APB coincide con el anuncio de rescatar la concesión del histórico Club Marítimo del Molinar de Levante, fundado en 1917 (el más antiguo de Baleares) y cuyo contrato expira el año que viene. Juan Gual está decidido a evitar la ampliación del puerto que está tramitando la propia APB y que cuenta, entre otros, con el dictamen favorable del Ministerio de Ambiente. Este informe ha sido puesto en duda por el regidor de urbanismo de Palma y futuro alcalde, el nacionalista Antoni Noguera, quien afirma que “desde Madrid el Molinar se debe ver muy lejos”.
Juan Gual ha asegurado hoy mismo a Gaceta Náutica que ha recibido amenazas por su postura contraria a la ampliación del Club Marítimo y que las ha puesto en conocimiento de la Fiscalía.
El presidente de la APB se refirió en su denuncia de estos hechos a un «empresario» que actúa como «conseguidor del PP». También dijo que su vehículo particular había sido objeto de actos vandálicos en dos ocasiones, sin poder precisar la autoría de estos sabotajes.
