Los puertos deportivos y clubes náuticos de gestión indirecta están obligados a acoger embarcaciones en situación de emergencia o que hayan sufrido algún incidente. Esta medida, que aparece recogida en una nueva instrucción emitida por el Consejo de Administración de Ports de les Illes Balears y que entró en vigor el 4 de julio de 2024, tiene como objetivo reforzar la colaboración en las tareas de salvamento marítimo, asegurando que las embarcaciones que necesiten refugio puedan acceder a él de manera inmediata.
Según el acuerdo, los concesionarios de estos puertos deberán recibir las embarcaciones que necesiten asistencia, salvo en casos excepcionales donde exista una justificación válida para denegar el refugio. En tales situaciones, la negativa deberá ser comunicada de inmediato a la Gerencia de Ports de les Illes Balears, que se reserva el derecho de revocar dicha decisión, obligando al puerto a proporcionar refugio inmediato a la embarcación.
Además, los concesionarios están autorizados a requerir a los armadores, aseguradoras y tripulaciones la presentación de garantías y seguros adecuados para cubrir los posibles gastos y daños que puedan derivarse de la acogida de estas embarcaciones. Esta medida busca proteger tanto a las instalaciones portuarias como a las embarcaciones en situaciones de emergencia.
El acuerdo establece que cualquier controversia o duda sobre la aplicación de estas nuevas directrices será resuelta por el director gerente de Ports de les Illes Balears, Francisco Villalonga, lo que, según el Govern, garantiza una gestión eficiente y una rápida respuesta ante posibles incidentes. Algunos concesionarios, no obstante, se preguntan qué ocurrirá cuando el dirigente de Ports IB no esté localizable o se encuentre de libranza.
Esta nueva regulación se ampara en diversas normativas, entre ellas, la Ley 10/2005 de 21 de junio de Puertos de las Illes Balears y el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Estas normativas refuerzan la importancia de la cooperación entre las administraciones públicas y establecen las bases para la seguridad y salvamento en las aguas de las Islas Baleares.
