Hacía mucho tiempo que una carta no generaba tanto feedbak como la que escribí el mes pasado. A quienes me han felicitado a través de diferentes medios, además de agradecerles su generosidad, debo aclararles que el argumentario sobre los concursos portuarios no es mío, sino del CEO de Alcudiamar y colaborador de Gaceta Náutica, Bartomeu Bestard, quien lleva años defendiendo la valoración de los fondos de comercio y advirtiendo sobre cómo los ‘buitres del sector náutico’ sobrevuelan las licitaciones convocadas por las autoridades portuarias.
Por desgracia, y a pesar de que muchos de los que me escribieron el mes pasado consideran de puro sentido común que un advenedizo no pueda quedarse con el negocio que ha montado otro durante décadas, los concursos parecen hechos a medida de los especuladores y confunden en sus pliegos de condiciones lo que deberían ser procesos de libre concurrencia con subastas donde únicamente prima el afán recaudatorio de las administraciones.
Ahora que Ports IB ha decidido licitar sus servicios comerciales –de momento el uso de las rampas de botadura y las plazas de Lista 6ª en sus puertos de gestión directa, como preámbulo de lo que ocurrirá con el resto de concesiones en cuanto éstas expiren–, no estaría de más que el Govern se planteara una modificación de la Ley de Puertos de 2005 para que, llegado el momento, no ocurra lo mismo que en la zona de competencia de la Autoridad Portuaria, donde en apenas diez años han desaparecidos dos clubes náuticos (Club Marítimo Molinar de Levante y Club Náutico de Ibiza) y corre serio peligro la concesión de uno de los modelos de negocio colaborativo más exitosos del panorama portuario: el pool de empresas de la estación de alquiler de embarcaciones Lonja Marina Chárter.
El mes pasado tuvimos ocasión de preguntarle en persona al conseller del Mar si entraba en sus planes una reforma en la norma autonómica y su respuesta fue que en estos momentos las prórrogas y concursos no son una prioridad. Yo creo que a veces se confunden los conceptos prioridad y urgencia. Como es obvio, no es urgente establecer las normas de futuras licitaciones de puertos cuando se han otorgado recientemente la mayoría de concesiones; eso no significa, sin embargo, que no deba ser prioritario ahora que existe la posibilidad de contar con la mayoría necesaria para hacerlo posible.
Sería oportuno no desaprovechar la ocasión política y no demorar el asunto; de lo contrario, todo serán prisas cuando Ports IB, que ya está teniendo problemas con las bases de los concursos para unas cuantas rampas y unos centenares de amarres de chárter, tenga que licitar de golpe decenas de puertos deportivos. Las cosas se hacen mejor si se hacen con tiempo y la política en mayúsculas es la que se adelanta a los acontecimientos. Es la diferencia entre lo urgente y lo importante.
Ports IB tiene la oportunidad, a través de estos concursos de menor envergadura, de establecer unas reglas justas que garanticen la libre competencia sin que ello provoque la desaparición de las pequeñas empresas que llevan años operando de manera efectiva y ofreciendo un buen servicio en actividades como el alquiler de pequeñas esloras, las excursiones de buceo e incluso la formación. De lo que ocurra en este proceso a pequeña escala se podrán sacar valiosas conclusiones para el futuro.
