Los indicios de que en Baleares existe una burbuja náutica son cada vez más evidentes. El último indicativo de esta peligrosa tendencia es la adjudicación del Pantalán de la Cuarentena, en el puerto de Palma, una instalación de solo 70 amarres, por 2,2 millones de euros anuales durante seis temporadas, una propuesta económica sin parangón que ha causa verdadero estupor en el sector portuario de Mallorca.
Tanit, del Grupo IPM, concesionario hasta la fecha, había ofertado medio millón menos por año. La licitación se decidió por un muy escaso margen de puntos, dado que la propuesta de esta última empresa estaba, al parecer, más ajustada en otros aspectos del concurso. En cualquier caso, la oferta económica de D-Marin devino decisiva para la entrada de este grupo multinacional en el mercado español, donde no tenía implantación hasta la fecha.
El Pantalán de la Cuarentena consta de 18.000 metros cuadrados. La tasa de ocupación anual, a mejorar por los concursantes, era de apenas 350.000 euros; la de actividad, como es habitual en los concursos de la Autoridad Portuaria, equivale al 4% del volumen de negocio desarrollado por el concesionario. La adjudicación no podía superar en ningún caso los 10 años de duración.
La magnitud de las cifras propuestas pone de manifiesto la competencia encarnizada entre los operadores privados por hacerse con un espacio, aunque sea pequeño, en el puerto de la capital balear, sometido a un imparable proceso de gentrificación.
Si se toma como referencia el canon de D-Marin, que incrementa en un 530% el listón mínimo establecido por la APB, el coste medio por amarre asciende a 2.600 euros al mes (31.700 al año), cantidad a la que el concesionario ha de sumar los gastos de mantenimiento y su margen comercial. Empresarios del ramo, que renunciaron a presentarse al concurso tras analizar las bases, aseguran a Gaceta Náutica que tanto el canon (lo que vendría a ser el alquiler del espacio) como el periodo de concesión ofrecido por D-Marin hacen muy difícil amortizar la inversión, salvo que siga la escalada de imparable de precios de los amarres.
«Los concursos portuarios llevan mucho tiempo fuera de control en Baleares, y quizás ya se han sobrepasado los límites aceptados por la demanda. Los precios no se pueden subir de esta manera sin poner en riesgo la sostenibilidad del destino; ya hay empresas reposicionándose en otros lugares de la península», explican estas fuentes, que ven en el histórico afán recaudador de la APB, del que dan testimonio los criterios y bases de sus concursos, «un problema muy grave y sin solución a corto y medio plazo».
