La Asociación de Instalaciones Náuticas Deportivas de Baleares (ANADE) y la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB) han desmentido que la nueva ordenanza de protección contra incendios y autoprotección aprobada por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) haya contado con su participación o consenso. Ambas entidades aseguran que, si bien mantuvieron algunos contactos con la APB en 2019, no han vuelto a tener noticias del proceso y que la aprobación del texto les ha cogido “por sorpresa”.
El pasado 26 de mayo, la APB hizo pública una nota de prensa en la que presentó la ordenanza como “la primera regulación de este tipo en España”, y afirmó que su elaboración había sido fruto de un “proceso participativo” en el que habían intervenido “diversos organismos y colectivos del sector”. Según el comunicado, destacan “las aportaciones del Colegio de Ingenieros Navales de Baleares, que ha colaborado durante un año en la redacción de la norma, así como de la Asociación de Instalaciones Náutico-Deportivas (ANADE) y la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares, que han presentado propuestas conjuntas incorporadas al texto final”.
Sin embargo, tanto ANADE como ACNB niegan que sus propuestas hayan sido incluidas o siquiera discutidas. “No se ha contado con nosotros en la elaboración del texto final, y por definición, no ha sido ‘de acuerdo’ con ACNB ni ANADE, sino más bien todo lo contrario”, han declarado fuentes de ANADE a Gaceta Náutica.
Las asociaciones, que han solicitado una reunión urgente con la APB, advierten de que algunos de los requisitos establecidos por la ordenanza tendrán un impacto económico significativo sobre los concesionarios de marinas y clubes náuticos, que deberán realizar inversiones que no estaban contempladas en sus planes de gestión. Entre las exigencias más problemáticas, destacan la obligatoriedad de contar con una red de agua contraincendios independiente de la red general, y la limitación de la longitud de los pantalanes a un máximo de 75 metros desde el muelle.
Según ANADE, en instalaciones existentes esta última medida “puede ser imposible de cumplir”, ya que implicaría “inhabilitar algunos pantalanes”, lo que comprometería la viabilidad económica de las concesiones y “el estudio económico que justifica el pago de un canon y las inversiones correspondientes”.
Ambas asociaciones recuerdan que habían planteado alternativas técnicas para algunos de los requisitos más restrictivos, como sustituir la red de agua contraincendios por motobombas portátiles, una opción viable y mucho más asumible económicamente. No obstante, aseguran que ninguna de estas propuestas fue valorada por la APB antes de aprobar la ordenanza.
“Nos preocupa especialmente que esta normativa se haya presentado como resultado de un consenso inexistente. No cuestionamos la necesidad de reforzar la seguridad contra incendios en los puertos deportivos, pero una medida de este calado debería haberse abordado con diálogo y teniendo en cuenta la realidad de las instalaciones existentes”, señala ANADE.
Por su parte, la ACNB apunta que la nueva normativa introduce obligaciones que “no distinguen entre instalaciones nuevas y ya consolidadas”, y reclaman que se habiliten mecanismos de adaptación o exenciones en función de las condiciones específicas de cada puerto.
La ordenanza, según anunció la APB, nace con vocación de convertirse en referente estatal y establece un marco normativo que, según la autoridad portuaria, facilitará la intervención de los servicios de emergencia y garantizará una mayor protección para personas y bienes en el entorno portuario.
