La cuestión viene a cuento del “nuevo” bar Pesquero, en el Paseo Marítimo, frente a La Lonja, anunciado a bombo y platillo como algo maravilloso. En fin, dejando aparte opiniones sobre si su arquitectura será bonita o no, la cuestión de fondo, lo importante, la que preocupa, es la inversión millonaria, casi dos millones, y el altísimo canon que tendrán que afrontar durante los próximos 16 años.

Conste que los empresarios que han ganado el concurso tienen todo mi respeto, ya que arriesgan y ponen sobre la mesa su propio patrimonio. Espero y deseo de verdad que les salga bien. Pero yo me pregunto: ¿cómo se van a conseguir hacer rentable tal inversión vendiendo cafés y variados? Para mí está bastante claro: los cafés no serán baratos y no habrá variados.

Esto ya pasó y pasa en otros bares similares, en realidad todos los de primera línea, que se consiguen en concesión tras una brutal “subasta” a la puja más alta. Restaurantes, marinas, varaderos, hamacas y sombrillas, los chiringuitos de las playas, todo espacio público va a “subasta”, además, una y otra vez, cada año o cada pocos años. Todo acorde a derecho, eso es cierto, pero ojo, hagamos una reflexión un poco más allá, porque la consecuencia final, la que ya vivimos hoy, es que hace años que los mallorquines no podemos tomarnos una caña o un helado en un bar de playa.

Las Administraciones competentes, ya sean puertos, costas o ayuntamientos, se han acomodado con las “subastas” para obtener la mayor rentabilidad económica, olvidando su objetivo principal: “dar un buen servicio al ciudadano”.

Esa pérdida de rumbo ha creado una enorme brecha entre los residentes y los usuarios de esos espacios “públicos”. Hace años, quizás diez o veinte, que no podemos alquilar una hamaca en una playa, y eso no es lo peor; lo peor es que no podemos poner la toalla en esa zona; a los nativos nos confinan al peor rincón de la playa. Esa es la realidad: nos echan de las playas, los bares, los amarres, curiosamente, de nuestros espacios públicos.

La Administración se ha equivocado, se equivoca y parece que se equivocará en el futuro inmediato. Cuando la solución en realidad es sencilla, se trata simplemente de que los concursos públicos tengan presentes otros criterios, no solo el pecuniario como puntuación “dominante”. Hay otras vías y lo permite la legalidad vigente. Precisamos un cambio valiente e inmediato de paradigma. Los políticos que lideren ese cambio tendrán el apoyo de los ciudadanos-votantes; recordar, políticos, los turistas no votan.

En definitiva, en los concursos de espacios públicos hay que valorar más y mejor la conservación del paisaje y el patrimonio, la protección de la industria, el deporte, el acceso del ciudadano al mar, a la playa o a los chiringuitos. No es difícil, es cuestión de trabajar y ser creativos dentro del marco legal. El problema es que lo sencillo para los funcionarios, que terminan doblegando a los políticos, es poner el foco únicamente en los criterios económicos y dar la concesión al que más ofrece; así no hay complicaciones futuras para ellos, son números claros que nadie les va a discutir. “Al que más paga, se lo doy”. Sí, pero ¿qué pasa luego? ¿Qué hacemos los ciudadanos con bares, playas y puertos a los que no podemos acceder porque los empresarios se ven obligados a pagar un canon brutal y una amortización de la inversión fuera de toda lógica de mercado?