El decreto aprobado esta semana por Govern balear para impulsar la actividad económica y la simplificación administrativa introduce cambios en la regulación de la actividad de alquiler de embarcaciones de recreo “con el objetivo de luchar contra el intrusismo denunciado por el sector”.

A la obligatoriedad de una declaración responsable de las empresas para poder ofrecer el servicio, así como de  estar inscritas en registro oficial de chárter, vigente desde 2018, se suma ahora una nueva regulación que prohíbe hacer difusión del arrendamiento de embarcaciones que no cumplan los requisitos legales.

De acuerdo con el decreto, pueden ser responsables, y en consecuencia sancionadas, tanto las compañías ofertantes como los medios que sirvan de soporte a los anuncios de chárter pirata.

La sanción se considerará grave “si se lleva a cabo la difusión del alquiler y su contratación con un número de registro falso y también la actividad de embarcaciones que han dejado de cumplir con los requisitos”.

En el caso de los incumplimientos leves, se pueden imponer multas de 120 a 2.000 euros y en el caso de las graves, las multas pueden ser de entre 2.001 y 20.000 euros. Las muy graves pueden llegar a los 200.000 euros.

Las empresas mallorquinas de chárter llevan años denunciando el intrusismo de compañías que tributan en el extranjero e incluso de barcos particulares.