Los registros y detenciones ordenados hoy por la Fiscalía Anticorrupción en el caso APB guardan relación con al menos dos adjudicaciones en los puertos de Mahón e Ibiza. La investigación abarca diferentes actuaciones llevadas a cabo en los últimos años por la actual cúpula de la Autoridad Portuaria, a la que se imputa, con carácter general, los delitos de prevaricación administrativa, malversación y fraude. Juan Gual, presidente del organismo portuario del Estado en Baleares, ha sido detenido por la Guardia Civil junto a su vicepresidente, Miguel Puigserver; su director (en libertad con cargis), el director, Juan Carlos Plaza, y otros dos funcionarios.

Uno de los expedientes bajo la lupa de la Fiscalía es la concesión de 154 amarres en 2018 a una unión de empresas náuticas en el puerto de Mahón, la cual obtuvo una autorización de ocupación temporal a cambio de pagar un canon anual de 82.000 euros y realizar una inversión de en el dominio público de 140.000 euros.

El Consejo de Administración de la APB [consultar composición] eligió a la sociedad Marina Asmen, S.L. como la oferta más ventajosa.

Poco antes de otorgar esta autorización, la APB había finalizado las obras de construcción en el muelle de Poniente de Mahón de cinco nuevos pantalanes dotados de servicios de agua y electricidad para dar cobertura a 154 puestos de amarre de embarcaciones de náutica deportiva, que son los que fueron objeto de la adjudicación. De estos, cinco eran para embarcaciones de 15 metros de eslora, 49 para 12 metros, 22 para barcos de 10 metros y 78 amarres para embarcaciones de hasta 8 metros de eslora.

El segundo expediente investigado es el de la competencia de proyectos para la ampliación del plazo de concesión del Club Náutico de Ibiza, cuya adjudicación ha sido recientemente anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), que condenó en costas a la APB por no haber subsanado deficiencias administrativas en la licitación sobre las que había sido advertida previamente por el propio tribunal.  

Un representante del Club Náutico de Ibiza ha asegurado que la entidad está “tranquila” y dispuesta a colaborar con la justicia en todo cuanto sea requerida. “Nos ha solicitado una documentación y la hemos entregado sin problema, el club se ha ajustado a la legalidad en todo el proceso de renovación de la concesión”, ha añadido.

Las investigación de la Fiscalía, según fuentes conocedoras del caso, abarca "bastante más" que estos dos asuntos e incluye la imputación de otros delitos, además de la prevaricación.