El Grupo Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil sigue actuando de manera aleatoria contra los fondeos fijos situados en las inmediaciones de los puertos de Mallorca. Tal y como ya adelantó Gaceta Náutica en su edición digital del pasado 9 de junio, cuando trascendieron tres denuncias en la Colònia de Sant Jordi, la Benemérita pretende poner fin a la costumbre muy arraigada, aunque ilegal, de amarrar embarcaciones de pequeña y mediana eslora a ‘muertos’ de hormigón.
La Demarcación de Costas en Baleares, organismo dependiente del Estado central, aseguró desconocer la existencia de una campaña policial contra los fondeos ilegales e informó de que en lo que va de año se han presentado 11 denuncias por este motivo, todas ellas por parte de la Guardia Civil, en la Isla de Mallorca; seis en Menorca (referente cada una a varios fondeos) y una en Ibiza. Durante todo el año pasado se interpusieron 12 denuncias en todo el archipiélago, de las que tan sólo una fue incoada y se encuentra pendiente de resolución.
En junio, tras la información de GN, corrió el rumor de que se trataba de actuaciones puntuales sobre barcos previamente denunciados por particulares; sin embargo, desde entonces se han impuesto al menos ocho nuevas sanciones (que pueden llegar a 3.000 euros por ocupación del espacio público) y se han dado incluso casos en los que la Guardia Civil ha contado con la colaboración de personal de Ports de les Illes Balears.
El encargado del puerto de gestión directa de la Colònia de Sant Jordi (en el sur de Mallorca) acompañó el mes pasado a una pareja de agentes en su embarcación para comprobar in situ el estado del fondeadero. Una fuente próxima a este organismo autonómico asegura que «se están poniendo multas indiscriminadas a los fondeos ilegales frente a la playa del puerto» y que las sanciones pueden llegar a los 3.000 euros. Las actuaciones son «tanto de la Guardia Civil del Mar como de la de tierra».
Un portavoz de la Guardia Civil negó que se trate de una «campaña» a instancias de un tercero (Ports IB o la Demarcación de Costas) y recalcó que las propuestas de multa al fondeo forman parte de su «rutina de trabajo»; es decir, que los agentes estarían actuando de oficio de acuerdo a sus atribuciones. Un mando ha expresado ante testigos la función disuasoria de las multas: «En cuanto corra la voz, los amarristas empezarán a retirar sus barcos».
Los usuarios se han visto sorprendidos por lo que consideran un «exceso de celo» en la aplicación de la Ley, teniendo en cuenta que hasta hace apenas dos meses los ‘muertos’ eran tolerados como solución a la carencia de amarres en temporada alta.
La situación de incertidumbre ha llevado a algunos propietarios a dejar sus barcos en tierra, sin uso, ante el temor a ser multados. «¡Cualquiera se juega 3.000 euros! Es una pena que no hayan dado un periodo de moratoria antes de sancionar tras tantos años de transigencia», se queja un vecino de la Colònia, dueño de una lancha motora.
Una situación muy parecida se da en el Port de Pollença, donde el Ayuntamiento, la cofradía de pescadores y el club náutico han pedido la creación de una comisión mixta, en la que también participen Ports IB y la Demarcación de Costas, para buscar una solución al fondeo permanente en el municipio.
Costas ha mostrado su predisposición a participar en dicha comisión, si bien considera que sus competencias sobre fondeos ilegales «no son las más relevantes de cuantos organismos hay implicados». Un portavoz de este organismo entiende que «debería ser impulsada por instancias con mayores competencias».
